Autonomías

Cataluña: referéndum, independentismo, y legalidad

 

España se enfrenta a una de sus mayores crisis políticas en sus 40 años de vida democrática, equiparable a los intentos golpistas de 1981. Evidentemente, ahora no está en juego nuestro Estado Social y democrático de Derecho, pero al cuestionar la validez de la Constitución española en que se apoya, la Generalitat catalana no solo pierde el origen de su legitimidad jurídica, sino que provoca un enfrentamiento institucional cuyo alcance es imposible calibrar. Porque no se trata tan solo de un desencuentro entre el gobierno de la nación y el de una autonomía, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones (como el Plan Ibarretxe de 2005) sin mayores consecuencias, sino que esta vez nos enfrentamos a una autentica insurrección (pacífica), donde una parte del territorio nacional decide iniciar unilateralmente el proceso de independizarse del conjunto del Estado mediante un referéndum que implica desobediencia: primero de la legalidad constitucional, luego de la legitimidad democrática. Pues ni se reconoce lo primero ni se respetan las normas de lo segundo.

Han convertido la realización del referéndum en algo iniciático. ¿Una movilización? Sin duda, como ya lo fue el 9-N, pero ahora como una movilización insurreccional. Porque su objetivo es proclamar la República Catalana. En opinión de los independentistas, el bien supremo de la aspiración nacional lo justifica, como la descolonización lo hizo en su día. Claro que en vez de armas, urnas. Se trataría de una especie de insurrección votada, lo que no deja de ser un alivio. Claro que con ello el independentismo se expone a reducir drásticamente su ya menguado horizonte de posibilidades. Un horizonte que se amplia o contrae en función de los objetivos alcanzados. Por eso, la sucesión de fracasos tácticos desde el 9-N lo ha ido cerrando. El fiasco del referéndum insurreccional puede significar su colapso durante un largo periodo de tiempo. En este sentido, resulta mucho mas inteligente la actitud de un PNV escaldado por el fracaso cantado del menos ambicioso Plan Ibarretxe.

Alcanzada la velocidad de crucero del procés independentista, nos acercamos al punto de no retorno. Ya no valen proclamas al seny, porque la cosa va de passió. Ni sirven las arengas militares, cuya sola evocación pone los pelos de punta. Ni asfixiarse en la propia ceguera metiendo la cabeza bajo el ala, algo propio de políticos de poco vuelo. Los fuegos artificiales del si, claro que… se han acabado.[1] El principio de realidad recobra su derecho. La inmediatez del día D (1-O, para ser exactos) no permite más florituras verbales para intentar escabullirse por la tangente. Hay una crisis inmediata que atender.

Después del referéndum ¿qué?

Partiendo del supuesto de que los independentistas no han perdido completamente la razón, el referéndum insurreccional del 1-O solo puede entenderse como un tour de force para obligar al gobierno de Rajoy a iniciar negociaciones. En cuyo caso, Puigdemont-Junqueras forzarán la situación hasta el límite del caos, por utilizar el concepto fundamental de la complejidad. Y lo harán mientras cuenten con el suficiente apoyo popular como para convertirlo en una presión irresistible. Este puede ser el objetivo oculto del referéndum insurreccional, el motivo por el cual la Generalitat parece dispuesta a jugarse su propia existencia a una sola carta. Contando con que, en caso necesario, siempre pueden escudarse en la represión judicial y los impedimentos administrativos del gobierno central para no realizarlo. Es decir, el referéndum insurreccional es un instrumento radical que pugna por legitimarse y forzar la negociación que le otorgue la necesaria legalidad. Sin embargo, la política de hechos consumados, sin el imprescindible aval de la legalidad, los convierte en hechos virtuales que se desvanecen pronto ante la cruda realidad de sus consecuencias.

Lamentablemente, aquí no cabe el verso cervantino de fuese y no hubo nada, como ocurrió en el paródico intento del 9N, donde solo acudió el 33% de los llamados a votar. Porque esta vez la apuesta tiene el carácter de órdago (a la chica, que no hay cartas) y las encuestas vaticinan más del 67% de votantes, con una clara mayoría independentista.[2] De manera que mientras llega el previsible desenlace conviene que analicemos la coyuntura con mayor calado político y mejor perspectiva institucional. En primer lugar, hay que abordar el conflicto como un problema inverso: de lo que ocurre a por qué ocurre. Lo que, evidentemente, exige que se reconozca la realidad y no se escamotee mediante la falacia política de reducir la cuestión a un tema exclusivamente de legalidad. Por supuesto, la complejidad de lo que ocurre en Cataluña no hace fácil su percepción, ni el análisis de las causas, pero no hay otro camino si se quiere abordar el problema territorial de España de una manera eficaz para el objetivo de mantener la unidad político-institucional en una convivencia reformulada, asumida y aceptada ampliamente por los catalanes. Y eso empieza por comprender la mitología emocional del nacionalismo. Porque no estamos ante propuestas racionales, basadas en el análisis coste-beneficio de la separación. Sin dejar de tener, como todo lo social, un componente de cálculo la pulsión nacionalista pertenece al orden de lo emocional. Incluso argumentos económicos, como el separados viviremos mejor, o el más burdo España nos roba, se sostienen en una ilusión carente de todo apoyo científico, similar a los planteamientos racistas. Se convierten en un hecho alternativo cuya comprobación solo será posible cuando seamos independientes. Por eso, la leyes tienen razón cuando permiten encauzar la emoción colectiva y garantizar la convivencia.

El independentismo desarrolla, con apoyo institucional y altavoz mediático (ojito, o te quedas sin publicidad) un sermo mythicus bajo la apariencia de discurso demostrativo destinado a seducir. De ahí la enorme dificultad de racionalizar un clima social basado en la emoción identitaria, en lo que nos hace distintos, frente a la razón ilustrada que se basa en lo que nos hace iguales. Actúa como el principio cuius regio, eius religo,[3] según el cual todos los súbditos deben tener la misma religión que su señor: la religión de Estado de los independentistas. Mentalidades hurañas como la de Rajoy son incapaces de comprender esa dimensión emocional, arcaica si se quiere, del nacionalismo independentista, su vigoroso vitalismo. Antes que político, económico o social, el independentismo es un fenómeno cultural, con sus rebeliones de fantasía, efervescencias afectivas, y frenesí multitudinario que ponen claramente de manifiesto las últimas Diadas. Lo importante es estar juntos (Junts pel Si), aunque se tenga que soportar la incómoda presencia de los antisistema (CUP).

Lo paradójico (o posmoderno) es que en las condiciones históricas de un Estado democrático de Derecho integrado en la Unión Europea, cuando la Gran Globalización (económica, política, social y cultural) impulsa hacia el universalismo, aunque sea con las limitaciones y al servicio del capitalismo, y mientras los viejos Estado-Nación se licúan en agrupaciones supranacionales, vuelven los mitos arcaicos del nacionalismo del siglo XIX, que excitan de nuevo a grandes muchedumbres. Pero en nuestro tiempo, el Estado de Derecho transforma el campo de lucha, primando la Constitución sobre el carácter primario, mítico, emocional, de la lucha independentista tal como oportunamente ha recordado la Comisión de Venecia (Comisión para la Democracia a través del Derecho).[4] Pero que eso sea así no supone, ni mucho menos, que el sentido de pertenencia desaparezca, o no haya que tenerlo en cuenta. En estos casos, encerrarse en el rígido espacio de las leyes supone una automutilación política que hace mas improbable conjugar las distintas pertenencias, (tan español como catalán, más catalán que español, solo catalán, etc.). Es lo que lamentablemente ocurrió hasta con un posfranquista PP arremetiendo contra el nuevo Estatut de 2006, lo que permitió su posterior desmantelamiento por el Tribunal Constitucional. Es obligado, por tanto, procurar que el independentismo no se vuelva demasiado perverso, que no se enquiste, y termine afectando a todo el cuerpo social, y la propia viabilidad de España. Algo que, al estar integrados en la Unión Europea, nos trasciende.

La sinrazón de la emoción nacionalista

La emoción es el sustrato arquetípico de lo humano. No es la animalidad, como quieren los posmodernos, puesto que la emoción es un ingrediente básico del conocimiento humano, un marcador esencial en el proceso neuronal cognitivo, tal como ha demostrado la neurología. A su vez, el independentismo se basa en un sentimiento de pertenencia afectiva, que se expresa en el deslizamiento de la convicción hacia la seducción. Y por eso, los agravios, más si son tan torpes como los perpetrados irresponsablemente por el PP, potencian este fenómeno. Por contra, toda respuesta racional debe desplazarse de la seducción hacia la convicción. En pocas palabras: crear un escenario de consenso que integre la pulsión emocional nacionalista. De lo contrario, aunque el Estado salga victorioso del órdago independentista, el problema volverá a emerger, habitualmente con mayor fuerza, alimentado por el victimismo.

El renovado éxito de los nacionalismos extremos no es un fenómeno pasajero, ni un simple resurgir del tribalismo, generalmente reaccionario. La cuestión, por tanto, no es tanto de qué mejor forma combatirlo sino cómo racionalizarlo, que es la única manera de integrarlo en el proceso supranacional que caracteriza nuestro tiempo. El independentismo catalán no se va a desvanecer con el fracaso. Y es así porque el independentismo es una concreción que se aloja en una cavidad ya existente. Junqueras, héroe epónimo (una vez descabalgado Artur Mas) busca emular, no sé si hasta el sacrificio, a Companys, en un revival de la vieja y gobernante ERC de los años 30. Lo que conlleva el resurgir de la victimofilia de los actuales dirigentes, una vez depurados los tibios (la pela es la pela, ¡no fotem conya!). Al contrario, renacerá tras un periodo más o menos largo de letargo. Una vuelta sobre los propios pasos. Ocurrió en Cataluña, con la proclamación la República el 14 de Abril de 1931, y de nuevo en 1934;[5] ocurrió en Quebec con las dos derrotas en sendos referéndums de 1995 y 1980; ocurrió en Escocia tras perder el suyo en 2014. Los actuales independentistas conservan una memoria limitada de las condiciones, argumentos y propuestas fundacionales, lo que les lleva a una continua reinterpretación de la historia, que no será el relato de lo ocurrido (o que pudo ocurrir) hace un siglo, sino la justificación de lo que ocurre (o puede ocurrir) hoy.

El error de la derecha española es pensar que el desafío independentista es un sarampión que terminará inmunizando el corpus político catalán. La realidad es que ni el sueño unitario centralista (de raíz franquista), ni el presente unitario autonómico (basado en la Constitución) permiten dar respuesta a la actual crisis territorial. El pacto constitucional de 1978, cuya eficacia probada durante 40 años de democracia resulta pueril poner en duda, ya no parece adecuado para integrar las aspiraciones soberanistas. Hay que construir un nuevo consenso que contemple tanto el desarrollo de la solución autonomista, como las nuevas aspiraciones nacionalistas. Y recordemos que etimológicamente consenso viene del latín cum sensualis: contiene una fuerte carga emocional que debe ser contemplada. O, si se quiere, conducida mediante la articulación legislativa adecuada. Este nuevo consenso solo puede ser liderado por las izquierdas en nuestro país, cuya alianza es conditio sine qua non para vencer las resistencias de la derecha tradicional, que sigue portando en su ADN el España, una, grande y libre. Y aquí surgen las diferencias. Unas izquierdas siguen prisioneras de principios inamovibles, o enredadas en eufemismos que no comprometen pero tampoco solucionan; otras hacen propuestas federalistas que no contemplan la pulsión independentista. Así que, más allá de la urgencia, es necesario plantearse qué base de partida se necesita para alcanzar el necesario consenso que pueda desembocar en un nuevo pacto constitucional. Ahora para transitar de la unión indisoluble a la convivencia estable.

Si el pacto constitucional de 78 significó la recuperación de la democracia y permitió plantearse la incorporación a Europa, el nuevo pacto constitucional debe suponer la necesaria cohesión interna que permita fortalecer los espacios supranacionales donde se integra hoy el viejo Estado-Nación español, como la Unión Europea. Por eso, resulta disparatado pretender solucionar el desafío independentista catalán exclusivamente en el marco nacional. Mientras no estén claramente definidas las consecuencias de la independencia en relación con la Unión Europea, y se articule una forma de inscripción del sentimiento nacionalista en Europa, el problema seguirá latente y continuaremos experimentando las convulsiones periódicas de las distintas aspiraciones independentistas. Por supuesto, es en España donde debe lograrse el consenso de convivencia, pero sin olvidar que somos parte del espacio común europeo.

 Los hechos y las palabras

Parodiando la obra de Foucault, Las palabras y las cosas, y sin negar el poder constitutivo del verbo, son los objetos y hechos de la materialidad exterior los que se reflejan en las palabras. Nombramos lo que existe, pero no siempre existe lo que nombramos. Dicho lo cual, veamos cuáles son los hechos sobre los que cada formación política construye su relato:

  1. Reiteradas encuestas evidencian que más del 80% de los catalanes desean ser consultados sobre cuál debería ser la relación institucional de Cataluña con el resto de España.
  1. En Cataluña existe un potente sentimiento soberanista, aunque no mayoritario (44,3%),[6] que Junts pel si y la CUP tratan de convertir en palanca, (ahora o nunca, gimoteaba Oriol Junqueras) para lograr la independencia. El procés se realiza sobre un supuesto mandato popular representado por la mayoría absoluta lograda en las últimas elecciones autonómicas, convocadas con carácter plebiscitario. Pero dicha mayoría parlamentaria no representa la mayoría de los catalanes, lo que no ha resultado ser un impedimento democrático para iniciar el procés y culminar con la proclamación de la República Catalana, contraviniendo e ignorando la Constitución española y la exigencia de mayorías cualificadas del propio Estatut.
  1. El procés se manifiesta así como una variante pacífica de la insurrección anticolonial, y el referéndum como el ejercicio del derecho de autodeterminación, pese a que Cataluña no es una colonia, ni un país ocupado militarmente, o sometido a una dictadura, ni de facto ni de jure. Por el contrario, España es un país democrático que forma parte de la Unión Europea.

De ahí que el ejercicio del derecho de autodeterminación resulte una ficción sin suficiente respaldo popular ni apoyo jurídico. Por si hubiera alguna, duda ahí está la resolución del Tribunal Constitucional de Alemania sobre Baviera.[7] Es evidente que ningún estado europeo (salvo, tal vez, Kosovo), ni la inmensa mayoría de las países de la ONU, empezando por EE.UU., Canadá, China, Japón, India, etc. van a reconocer una República catalana proclamada unilateralmente, y contra la Constitución española. ¿Acaso no lo saben los dirigentes independentistas? Yo creo que sí, y que su verdadero objetivo no es la proclamación de una imposible República en el seno de la UE,[8] sino el de crear las condiciones para que pueda ser factible un próximo referéndum de independencia pactado. Estamos, por tanto, ante un proyecto de referéndum insurreccional.[9] El fracaso está cantado. Como ya ocurrió en el intento de hace 82 años. Esperemos que esta vez sin mayores consecuencias que las inevitables perdidas patrimoniales e inhabilitaciones de rigor.

Estos son los hechos, los narremos como los narremos. Resumamos: existe una amplia mayoría de catalanes que desean ser consultados sobre cómo quieren que sea su relación con el resto de España; existe un potente sentimiento soberanista que trata de lograr la independencia de Cataluña; y existe una legalidad nacional e internacional que impide su realización unilateral, en base a un inaplicable derecho de autodeterminación.[10] Cualquier propuesta que no satisfaga estos tres hechos (y en tanto que la situación no cambie) está tan condenada al fracaso.

Veamos ahora cuáles son las propuestas de los principales agentes políticos:

En el caso del PP, simplemente ignora los dos primeros hechos y se vale del peso de la ley como única respuesta. Pero combatir solo legalmente el desafío independentista resulta pueril. Puede impedir la celebración del referéndum, pero a costa de fomentar el victimismo, que es un excelente motor emocional. Solo se consigue aumentar la intensidad afectiva con la que tendrá que lidiar el gobierno en el futuro, tal vez no muy lejano.

Los nuevos socialistas parecen tomarse en serio al menos dos de los hechos: la necesidad de ajustarse a la ley y la Constitución, y el reconocimiento de que el soberanísmo es un dato inexcusable con el que contar. La propuesta es ofrecer una reforma constitucional en sentido federalista que reconozca la plurinacionalidad de España. El problema estriba en que esa reforma resulta problemática de articular si no se consigue neutralizar la oposición frontal de un PP, que siempre ha sospechado del autonomismo. Por otra parte, no parece que los soberanistas vayan a renunciar a la independencia por el simple reconocimiento del carácter nacional de Cataluña y el incremento blindado de las competencias estatutarias.

En cuanto a Podemos, su propuesta de un referéndum pactado tiene el inconveniente de que su implementación pasa por conquistar previamente el gobierno. Algo bastante improbable sin antes llegar a un acuerdo con el PSOE, cuyo rechazo a dicho referéndum es innegociable. El referéndum pactado o es una forma de escurrir el bulto, o carece de proyección realista. Pues precisamente hemos llegado hasta aquí por la imposibilidad de cualquier pacto que contemple los tres hechos señalados. Es increíble las piruetas que tiene que hacer Iglesias para no tomar partido en una situación donde la neutralidad y la equidistancia resultan imposibles. Más lastimoso es el caso del partido de Ada Colau, y su vano intento de navegar entre dos aguas: si al referéndum, pero con garantías (¿quién las establece? ¿quién las hace cumplir?). Un imposible que nos devuelve al laberinto cuando creíamos haber encontrado la salida. Tanto unos como otros, se arriesgan a la inoperancia política, una vez que eufemismos como el derecho a decidir se enfrentan a la fuerza de los hechos consumados.[11]

¿Entonces? No existe solución a corto plazo, entre otras cosas porque dicha solución debe basarse en el mencionado consenso previo, y contemplar la satisfacción pactada de los tres hechos. Algo que solo será posible con un cambio en la actual correlación de fuerzas entre los que se aferran al viejo concepto del Estado-Nación, y quienes son conscientes de que no se trata de afianzarlo, incluso baja lo forma mas elaborada de la plurinacionalidad, sino de inscribirlo en la supranacionalidad, donde gran parte de la soberanía es compartida con otros Estado-Nación. Problema crucial, porque el ser humano se ha planteado siempre el problema de la integración de manera dolorosa. No digamos la desintegración, como ejemplariza el caso de Yugoeslavia. Más cercano: si para el Reino Unido el Brexit esta suponiendo un gravísimo problema, el Cataleix sería un auténtico suicidio.

En pocas palabras, el independentismo catalán tiene que optar entre la ensoñación emocional de un Estado propio, inviable de facto aunque se dote de una sofisticada y alambicada arquitectura jurídica para ajustarse a la realidad que le rechaza; o integrarse en los espacios supranacionales, en este caso la Unión Europea, como una singularidad del Estado español. Lo que exige una Constitución española convenientemente acondicionada para que puedan cohabitar todas nuestras singularidades. Las piruetas interpretativas de la jurisprudencia internacional pueden resultar interesantes desde el punto de vista académico, pero totalmente inoperantes a la hora de la acción política concreta. Soñar con que las instancias de poder real van a plegarse al debate jurisdiccional de interpretaciones favorables a la autodeterminación es un dislate que no conduce a nada. Mejor dicho, lleva directamente al fracaso. Solo el nuevo pacto constitucional puede hacer que lo anómico (carente de ley) sea lo canónico (de acuerdo a reglas) mañana.

La trampa de los eufemismos

Hemos llegado a un punto, cuando el referéndum insurreccional puede revestir formas alarmantes de enfrentamiento institucional y grave confrontación cívica, donde es necesario recurrir a la razón práctica. Porque la frustrante dicotomía independencia/constitución impide construir un ámbito de negociación donde puedan definirse las formas, modos y caminos, que la Constitución deberá recoger para que la voluntad de independencia pueda expresarse y tener una salida consensuada que introduzca en la negociación de las aspiraciones catalanas un pero capaz de abrir lo dicotómico. Para ello debemos reconocer que todo planteamiento que pretenda sentar las bases del necesario consenso, paso previo al pacto constitucional, tiene que contemplar los ya mencionados tres hechos constituyentes del gravísimo problema territorial español: consulta, soberanísmo y legalidad democrática. Y hacerlo teniendo en cuenta la coyuntura, el análisis concreto de la situación concreta, sin lo cual resulta imposible desarrollar una praxis política con posibilidades de éxito. Lo que exige una clara delimitación del escenario (framing) en el que se desarrolla el conflicto; conocer las estructuras de poder y los condicionantes legales; valorar las actores en liza y su relación de fuerza; y tener en cuenta los factores externos que actúan sobre el conflicto. Solo entonces estaremos en condiciones de formular propuestas que puedan generar los necesarios consensos.

Pero antes que nada es necesario librarse de la trampa del eufemismo. Porque lo peor de los eufemismos no es que embellezcan la realidad para hacerla aceptable y asimilable, sino que suelen terminar convenciendo a quien los formula de que expresan la realidad. En ese sentido el eufemismo es una perversión del lenguaje que termina pasando factura. Es lo que ocurre con el llamado derecho a decidir, eficaz eufemismo del derecho de autodeterminación, pero que no dice nada. El derecho a decidir es inherente a la especie homo sapiens, caracterizada por haber superado el determinismo biológico del resto de los animales. La evolución nos ha dotado de un cerebro capaz de pensar el futuro y decidir (libre albedrío). Toda la historia nace de estas dos potencialidades humanas. No existe como concepto jurídico, aunque contiene una dimensión social que lo limita: nadie puede reclamar el derecho a comerse a otros seres humanos, aunque puede decidirlo (canibalismo). Por eso, hablar eufemísticamente del derecho a decidir supone admitir implícitamente que el derecho de autodeterminación no es aplicable a la situación catalana. Entre otras cosas, porque remite a la jurisprudencia internacional, y a la legislación nacional acordada democráticamente en la Constitución.

Otra forma de eufemismo es la ideologizada interpretación de la Constitución, mediante la cual se pretende que diga lo que no dice, y niegue lo que no niega. Así, cuando en ella se afirma que España está constituida por nacionalidades y regiones, los centralistas leguleyos, temerosos de que los sistemas protectores de la unidad se desbaraten, entienden (y quieren hacernos entender a todos) que no se refiere a naciones, que, al parecer, son otra cosa. Como si las nacionalidades no fueran, por definición, un conjunto de naciones. Esta aparente ambigüedad, que ha provocado ríos de tinta, fue consecuencia del obligado consenso de la Transición. Así que dejémonos de falsos eufemismos y llamemos a las cosas por su nombre: en España conviven, gracias al pacto constitucional, varias naciones históricas (sin Estado) donde, en mayor o menor medida, existe un sentimiento independentista que debe ser reconocido, y al que es obligado dar cauce de expresión que impida los movimientos insurreccionales, como el anunciado referéndum.

Derecho de consulta y posibilidad de separación

Sentado todo lo cual, ha llegado el momento de concretar cuáles podrían ser las bases de un propuesta de nuevo consenso, ahora sin las limitaciones del 78, que establezca los cauces políticos para superar la crisis territorial, hoy con epicentro en Cataluña. En primer lugar, y partiendo de los hechos antes mencionados, y en función de las características señaladas de la coyuntura, hay que aceptar que la articulación territorial de España ya no puede configurarse sin tener en cuenta el derecho de los habitantes de sus distintas naciones históricas a ser consultados sobre la forma en que desean que sea su relación con el conjunto de España. Es decir, hay que partir del derecho de consulta. Y resulta evidente que cuando más del 45% de la población de un territorio con características lingüísticas, culturales, y un patrimonio histórico común, desea independizarse, ese derecho tiene que poder ejercerse. Su regulación es uno de los objetivos jurídicos del consenso. Una vez aceptado el derecho de consulta, es necesario abordar su necesario complemento: la posibilidad de separación, sin lo cual sería un derecho en la práctica vacío. Y formalizar jurídicamente las condiciones, formas y maneras de ejercerlo, partiendo de la legalidad del Estado Social y democrático de Derecho español, que es la máxima expresión de la soberanía popular. En resumen: hay que proponer a la Generalitat una negociación en base al reconocimiento previo del derecho a consulta, y su corolario, la posibilidad de separación, donde se fijen los parámetros legales y formales para su ejercicio: mecanismos de puesta en marcha, límites temporales, pregunta, porcentajes de participación y votos, etc. Dichas condiciones deberán ser refrendadas posteriormente por el conjunto de la nación española. Una vez realizada la consulta de acuerdo a las formas y garantías legales acordadas, si el resultado fuera claramente mayoritario a favor de la independencia, se iniciaría un proceso de negociación bajo la fórmula del reconocimiento constitucional a la posibilidad de separación. Sin duda, en la consecución de necesario nuevo consenso sobre la articulación territorial de España, puede ser muy útil el dictamen de la Corte Suprema de Canadá sobre la secesión de Quebec, y la Ley sobre la Claridad del 7 de diciembre de 2000. Esta oferta de consenso para articular el derecho de consulta y la posibilidad de separación debería ser, en mi opinión, la respuesta política al independentismo.

Por supuesto, un nuevo consenso territorial que recoja el derecho de consulta y la posibilidad de separación no tiene muchas posibilidades de salir adelante mientras no se logre la mayoría política necesaria y suficiente para ello (y aquí deben jugar un papel importante los nacionalistas moderados). Pero lo cierto es que tras el fracaso del 1-O nos encontraremos ante el gravísimo problema de un enfrentamiento institucional que puede llevarse por delante la autonomía catalana. Sin una propuesta alternativa es suicida reprimir, esperar y ver. Se podrá objetar que la actual legalidad no permite hacer nada hasta que se cambie la Constitución. Es una falacia jurídica mas de los centralistas irredentos. Con voluntad política puede realizarse ya una consulta pactada (no vinculante, obviamente) que permita conocer realmente la opinión mayoritaria de los catalanes sobre su vinculación institucional con el resto de España, algo que debería haberse hecho el 9N. Es perfectamente posible en el actual ordenamiento jurídico, sin necesidad de reformas constitucionales previas.[12] Es decir, para sentar las bases de un nuevo consenso sobre el modelo territorial de España, y desactivar la confrontación y posterior victimismo, la celebración de una consulta acordada como paso previo a la búsqueda de un nuevo consenso donde se contemple el derecho de consulta, y la posibilidad de separación, debería ser la oferta política de dialogo a los independentistas (muchos suspirarían aliviados).

La gravedad y amplitud del desafío independentista demuestra la insuficiencia del actual pacto autonómico. Salir al paso con medidas legales no resuelve el problema de fondo, sino que puede agravarlo. Porque cuando la organización estatal del territorio se ve incapacitada para resolver los conflictos, tiende a producir efectos perversos. Es lo que ocurre actualmente en Cataluña, y de forma más pragmática y menos aventurera en Euskadi. ¡Quién lo diría! Pero no nos engañemos, corresponde al conjunto de la izquierda la tarea histórica de liderar un nuevo consenso territorial que permita al independentismo secular que habita en nuestro país luchar legalmente por sus legítimas aspiraciones.

 

NOTAS

[1] A este respecto, ver el artículo de Pepe Gálvez, Catalunya: El espectáculo que no cesa. (http://confluencia.network/coyuntura/802/)

[2] Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), a la pregunta de qué harán ante el referéndum, señala que la participación será del 67,5%, y que el Sí se impondría por un 62,4% frente al No, que conseguiría el 37,6% de los votos. En la misma encuesta, ante la pregunta si desean una Catalunya independiente, el 49,4% contesta que No, frente al 41,1% que dicen Si.

[3] En la paz de Augsburgo de 1555 se pacta que cada señorío tiene tener la religión de su príncipe, mientras que la paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años, extiende el principio cuius regio, eius religio a toda la cristiandad occidental.

[4] Comisión de Venecia enfatiza en todos sus dictámenes la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y la legislación aplicable.

[5] Unos días después de la primera proclamación se llegó a un compromiso por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la República Catalana a cambio de de que las futuras Cortes Constituyentes aprobaran el Estatuto de Autonomía previamente aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes. El segundo intento acabó con 46 personas (38 civiles) muertas, 3.000 detenidos, y los dirigentes de la Generalitat encerrados en el barco Uruguay. Ver: Josep Termes. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil (1868-1939). Vol. 6 de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Edicions 62, 1999.

[6] Según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de marzo de 2017.

[7] El Tribunal Constitucional alemán ha dictaminado que el land de Baviera no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia porque su secesión vulneraría la Ley Fundamental de Alemania: En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional.

[8] La Generalitat trata de escamotear la cuestión europea. Tiene claro cuál sería el resultado del referéndum si la pregunta incluyera: aunque suponga la salida de la Unión Europea? Resulta evidente que ganaría claramente el NO. Por eso escamotea el problema mediante la ficción de su permanencia en la UE.

[9] Acierta Pablo Iglesias en calificar el referéndum como una movilización, y en decir que él no participaría. Pero renuncia a su liderazgo cuando no hace pedagogía política, y explica esa dimensión insurreccional. Es el riesgo de querer contentar a todos: se termina por no convencer a nadie.

[10] Resulta peregrino enzarzarse en un debate jurídico sobre el derecho de autodeterminación, cuya formulación vaga, y a veces contradictoria, se expresa en numerosas Resoluciones de la Asamblea General de la ONU (1514 (XV), 1541 (XV) ó 2625 (XXV) relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales, la Conferencia de Bandung de 1950, el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Supremo de Canadá, etc. Siempre ha terminado por imponerse una visión pragmática, primero en relación a los procesos de descolonización, y posteriormente a los nuevas naciones fruto del desmembramiento de países como Yugoslavia, o de estados donde existe un fuerte sentimiento nacionalista, como Canadá (Quebec) o Gran Bretaña (Escocia). Este sentido pragmático debe guiarnos en el análisis de la situación catalana y sus posibles salidas. Los interesados en la polémica jurídica pueden consultar:

– José A. Pastor Ridruejo. Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales. Tecnos, 2003.

– José A. Perea Unceta. El derecho internacional de secesión. Facultad de Derecho UCM, 2008.

– José María Ruiz Sánchez. El derecho de libre determinación o autodeterminación de los pueblos (www.uspceu.com/instituto_democracia/sitio_ID/pdf/sanchez1.pdf)

– Josep Costa. ¿Tiene Cataluña derecho de autodeterminación? (www.diplocat.cat/files/docs/170420-E02ES-CatalunaDerechoAutodeterminacion.pdf)

– Gina Marietta Olcese Schenone. Derecho a decidir y autodeterminación en el caso catalán. (http://revistas.usal.es/index.php/ais/article/viewFile/13892/14331)

[11] Sobre el llamado derecho a decidir y el derecho de autodeterminación pueden verse las páginas 162-166 de mi libro Pensar el Socialismo (Amazon, 2016)

[12] Bastaría una interpretación generosa de la Constitución, que en su Título III, artículo 92, señala:

  1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
  2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
  3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

En este sentido van las reflexiones del ex-presidente del Consejo de Estado y el ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente. Ver artículo Un referéndum para Cataluña (https://elpais.com/elpais/2012/10/03/opinion/1349256731_659435.html)

 

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