Artículo extraído de Confluencia Network


 

Derrotas autoinflingidas


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Tras el desastre de una votación violenta e injustificadamente reprimida, el independentismo se encamina hacia la proclamación de la República de acuerdo a un procés que ajusta los hechos a su hoja de ruta. De la desobediencia a la insurrección (pacífica), para terminar enfrentando el riesgo de caer en la sedición y/o rebeldía… si la Unión Europa no lo remedia. Es la última esperanza de los independentistas, cautivos en la perversa dinámica de acción/reacción que se retroalimenta en una especie de movimiento perpetuo, hasta que salta por los aires el artificio. Por eso, conviene serenar el ánimo y procurar sacar alguna lección de cara el inmediato futuro.

Pero antes una consideraciones previas. El independentismo se ha comportado como el alpinista que escala la montaña equivocada. Decisión y equipamiento no le han faltado. Incluso sus momentos épicos. Pero alcanzada la cima del 1-O, el paisaje no puede ser más desolador: en vez del anhelado y pacífico ejercicio de autodeterminación, camino hacia la imparable República, lo que se extiende a sus pies es un conflicto social enconado, de difícil control, con tan solo el transitorio consuelo del rédito mediático internacional ganado por la disparatada y gratuita violencia policial. Sin duda, tiene mérito encadenar una serie de efectivos y sonoros espectáculos ciudadanos, alimentados por la euforia y capacidad movilizadora de la CUP, Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, mientras todo el andamiaje del referéndum, y las posibilidades de realizarlo con un mínimo de credibilidad, se venían estrepitosamente abajo. Y es que el estrés independentista, sostenido en el tiempo, termina generando un exceso de endorfinas que afectan a los receptores del dolor-riesgo, sin cuyo correcto funcionamiento los proyectos políticos terminan fracasando.

El actual momento nacionalista quizás sea uno de esos paradójicos periodos de la historia en que un número nada despreciable de personas, que normalmente se comporta de manera racional, se deja seducir por el pensamiento mágico. Es la estrategia que utilizan los magos para convencernos de que lo increíble es real. Como ocurre con el triángulo imposible de Penrose,[1] la construcción emocional de la propuesta independentista impide ver su imposibilidad. De ahí que los dirigentes de la Generalitat se pregunten asombrados dónde está la imposibilidad de un deseo encarnado en millones de personas. No comprenden que la imposibilidad es una característica básica de la propia estructura legal del procés. Esta ilusión de perspectiva, que afecta a todos los actores de la crisis, es la causa principal de un fracaso anunciado. De nada servirán los emocionales intentos de explicar en clave de victoria un resultado de inverosímil homologación por ningún país democrático y organismo internacional. Tras el 1-O, los dirigentes independentistas harían bien en despertar de su ensoñación, e iniciar un proceso de diálogo con los constitucionalistas. Y estos, en asumir de una vez por todas que no habrá solución sin contar la fuerza social, y la capacidad política de ella derivada, del independentismo. Resumido en un apotegma: la única salida es la posibilidad de separación. Claro que para ello es necesario reconocer por completo la naturaleza del problema. Que no concluye en un catálogo de propiedades sino que debe incluir todas sus potencialidades.

Por ejemplo, es importante señalar otra ilusión óptica que afecta tanto a independentistas como a constitucionalistas: la relación entre fraccionamiento y globalización en la era de la Revolución Digital y la Sociedad de la Información. Para los constitucionalistas, el proceso de globalización es una flecha del tiempo que impide la creación de nuevas naciones a partir de las viejas (con alguna excepción, como diría Rajoy). Pero son precisamente las exigencias propias de la globalización las que reducen la necesidad del estado-nación unitario de antaño. Aunque pueda parecer paradójico, es precisamente la pérdida de soberanía nacional en agrupaciones supranacionales, como la UE, la que facilita la existencia de pequeñas naciones desarrolladas. Pero a condición de que tengan el reconocimiento y amparo de las potencias económicas que condicionan el gran mercado mundial, que es el hábitat de las naciones en el siglo XXI. Solo escapan a esta regla pequeños países, de carácter fundamentalmente agrario, sostenidos por alguna potencia que garantice su existencia, como Osetia del Sur y Abjasia.

Es decir, para que Cataluña pudiera ser una República independiente no basta con que lo decida una mayoría significativa de catalanes, sino que necesita integrar su proyecto nacional en la misma globalización que lo posibilita. Lo que, obviamente, exige que el procés sea acordado con el Estado español, el único que posee la llave de la legalidad constitucional y la legitimación internacional. Este es el escenario real, la verdadera montaña a escalar. El resto, solo ruido y furia que, en el mejor de los casos, vuelve a situar la partida en la casilla de salida.

Paisaje después de la batalla

El potencial movilizador del procés se estrellará una y otra vez contra la dura pared de la realidad jurídico-institucional española. Esperemos que, a partir de ahora, con métodos más inteligentes y civilizados. Pensar que se puede lograr la Republica de Cataluña mediante la insumisión pacifica, sea proclamándola desde el balcón de la Generalitat o desde el Parlament, es una disparatada ensoñación de graves consecuencias. Su legitimidad confronta la voluntad de independencia de la mitad de catalanes a la voluntad de permanencia (con mejoras) de la otra mitad, y el resto de los españoles, que cuentan con la legalidad constitucional, la única que reconoce la UE y la comunidad internacional. Sería la primera vez que la minoría de un territorio, por muy significativa y amplia que sea, consigue la independencia sin apoyos estratégicos internacionales, y un reconocido soporte jurídico. Por contra, España es un país miembro de la Unión Europea, lo que le permite contar con el apoyo y la cobertura internacional necesaria para afrontar el desafío a su integridad territorial. Y por muy torpe y exagerada que sea su reacción no lo va a perder. A todo ello hay que añadir que España, miembro de la ONU, y aliado estratégico de la OTAN, puede ejercer la suficiente presión internacional como para impedir cualquier tipo de apoyo relevante a la política de hechos consumados. Es decir, la República que pretenden proclamar los independentistas no tendrá el reconocimiento de ningún país (tal vez, Corea del Norte), ni podría operar en los mercados e instituciones internacionales. Mal negocio.

Los independentistas catalanes se equivocan, y fracasan en consecuencia, porque hacen una lectura equivocada de la realidad y de sus potencialidades. Hoy en día no cabe, al menos en Europa, ninguna independencia que sea fruto de una decisión unilateral, aunque esté apoyada por el 50% de la ciudadanía. El victimismo puede tener réditos políticos, pero no supone una alteración sustancial de la correlación de fuerzas, que finalmente determina el resultado. Pero esto no significa, en ningún caso, que el problema vaya a desaparecer cegando las vías de resolución de un conflicto histórico, con la dimensión política y la amplitud social como el catalán. En demasiadas ocasiones la política, como decía Marx (Groucho, ¡off course!), se convierte en el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso, y aplicar después remedios equivocados. Y esto vale para prácticamente todos los partidos políticos. Veamos:

Independentistas: los beneficios de la derrota. Vaya por delante mi respeto al independentismo, aunque se desarrolle en los márgenes, o al margen, de la ley, siempre que sea pacífico. Dicho lo cual, cuesta creer que los dirigentes (y notables asesores) de Junts pel Sí no sean conscientes de la imposibilidad de ganarle el pulso al Estado español. Tamaña ingenuidad, comprensible en el caso de la CUP, cuyo ecosistema trasciende el mundo fáctico, no se entiende en antiguos convergentes y republicanos, salvo que apuesten por la estrategia de cuanto peor mejor, forzando una respuesta represiva desproporcionada, para lograr cierta legitimidad internacional, opinión pública mediante, capaz de neutralizar, o al menos compensar, la ilegalidad constitucional del referéndum unilateral. Un itinerario de artimañas digno de las escaleras de Escher. Puede entenderse la impaciencia -ahora o nunca, dramatizó Junqueras- de los independentistas, pero no justifica su intento de cambiar el status mediante hechos consumados. La realidad es tozuda, y al final se impone sobre las ilusiones emocionales, por muy movilizadoras que resulten. Parafraseando a Arthur C. Clarke, cualquier fantasía suficientemente mantenida en el tiempo resulta indistinguible de la superstición.

Tratar de imponer la independencia frente al Estado sin contar con una fuerza que pueda defenderla (los Mossos no lo son, como no lo fueron en 1934), y sin una retaguardia estratégica que tenga, al menos, el apoyo de un gran país, es un dislate, más en el Siglo XXI. Pero aún lo es más ampararse en una nueva legalidad (leyes de transitoriedad y referéndum) obtenida mediante el curioso procedimiento de saltarse la legalidad (Estatut) en la que se apoyan. Sin duda, una retirada a tiempo, como proponía Iceta, ejemplo de auténtico seny, hubiera sido una auténtica victoria.

De ahí que la insurrección pacífica de la Generalitat, apoyada en las grandes movilizaciones de las organizaciones cívicas independentistas, deba servir para acumular fuerzas para la inevitable fase negociadora posterior. Pero en un mundo donde la política es sueño puede ocurrir que la fuerte presión social les impulse a proclamar una República, seguramente más efímera que las anteriores. Arruinaría, en gran medida, la actual capacidad negociadora de los independentistas, a la que han contribuido, y no poco, la politizada torpeza de la fiscalía, y la sobreactuación de ciertos jueces, con registros y detenciones innecesarias, poniendo en evidencia las retóricas invocaciones a la serenidad y proporcionalidad de Rajoy. Rematado por el violento intento de impedir el referéndum.

No se si los estrategas del independentismo serán capaces de hacer una lectura realista de la situación, o seguirán la senda del enfrentamiento institucional, cada vez más grave. Si lo hacen, la base social del independentismo, debería servirles para extraer de la situación el mayor beneficio político posible: incrementar su capacidad negociadora en la etapa que se abre tras el 1O. La cuestión es entre quiénes, con qué objetivos, y sobre qué propuestas. Porque estamos abocados a dar urgentemente los pasos hacia una salida pactada al independentismo en España, y no sólo en Cataluña, abordando los cambios legales y las reformas constitucionales necesarias. Y sin los independentistas no es posible. Es hora de frenar y negociar.

Partido Popular: pan hoy, hambre mañana. Mas grave es el caso de Rajoy, confiado en que no habría choque frontal por la oportuna actuación de la guardia de trafico, la amenaza judicial de perder el carnet de conducir (suspensión del Govern), y las fuertes multas a las que se enfrentaban. Todo muy previsible, porque si hay un claro ejemplo de irresponsable aventurerismo político, ese es el de los populares. No dudaron en cebar el independentismo catalán con tal de desalojar al PSOE del gobierno. Su cínica e irresponsable campaña contra el Estatut, culminada con la más que dudosa sentencia del Tribunal Constitucional,[2] es un ejemplo de como las cañas se vuelven lanzas cuando se exacerban los sentimientos españolistas (rescoldos del franquismo latente en nuestra derecha) para ampliar la bolsa de futuros votantes. El PP tiene un sentido patrimonial del Estado, de ahí que su actitud y actividad frente al desafío independentista solo haya tenido una imagen pública: Rajoy, con el resultado de restar apoyo popular a sus medidas, por muy legales y obligadas que pudieran ser. Si ya tenía poca, hoy la credibilidad de Rajoy para encabezar una salida política negociada al conflicto catalán es prácticamente nula.

A la irresponsabilidad política se une su incapacidad para plantear soluciones que supongan una alteración significativa del actual estado de las autonomías. Retoques, tal vez; reformas de la Constitución, quizás en un futuro lejano. Poco se puede esperar en este campo, porque el centralismo autoritario está en el ADN de nuestra derecha, más allá de una aplicación generosa (Guindos propone dinero por lealtad) de la legislación vigente. Pero dentro del estricto marco autonómico, pese a sus indudables ventajas de naturaleza federalizante y confederalizante, no es hoy factible solucionar la pulsión independentista.

Es cierto que Rajoy, con su autoproclamada mesura y proporcionalidad, ha visto reforzado su papel y liderazgo en el PP, al aparecer como un firme baluarte de la unidad de España frente a los separatistas. Un regalo para un partido acosado por la corrupción, incapaz de aglutinar una mayoría social por su impopular política neoliberal, y con serias dificultades para gobernar. Probablemente el desafío independentista haya conseguido animar a un electorado conservador desalentado, frenando su lenta y continua caída en las expectativas de voto. Lo cierto es que la dimensión constitucional del problema reduce notablemente su capacidad de liderazgo en las negociaciones para encontrar una salida viable a la crisis. Porque la fortaleza, cuando se basa en la rigidez, se convierte en debilidad. O, dicho en lenguaje popular, es pan para hoy y hambre para mañana. Un triunfo aparente que es una derrota autoinfligida. Aunque trate de ocultarla bajo el dudoso éxito del operativo jurídico-policial contra el referéndum independentista.

Ciudadanos: la sobreactuación del comparsa. En cuanto a Rivera, doble fantasmagórico (doppelgängers) de Rajoy, se ha tomado el conflicto catalán como una cuestión personal, la oportunidad de mostrar al país su talla de estadista, líder a uno y otro lado del Ebro. Con exiguo margen de maniobra, ya que el peso de la acción política constitucionalista pivota sobre el eje Rajoy-Sánchez, expresión del denostado bipartidismo, que puede recuperarse al calor de la crisis, ha necesitado recurrir a la sobreactuación para jugar algún papel, al menos mediático. Un recurso poco rentable en tiempos donde echar leña al fuego no suele ser premiado por una ciudadanía necesitada de sosiego y soluciones. Su incómodo intento de que los partidos políticos se retrataran en el Congreso de los Diputados, con una moción de apoyo al gobierno tan inoportuna como disparatada, es una muestra de como la futilidad de los gestos grandilocuentes se convierten en derrotas autoinflingidas.

Pero tiene una segunda oportunidad cuando se inicien los primeros contactos para plantear las bases de negociación sobre las que construir una salida pactada al independentismo, hoy catalán, pero mañana vasco, en un futuro tal vez gallego, y vaya usted a saber quién más. Frente a la resistencia numantina del PP ante la mínima posibilidad de reconfigurar la actual estructura del estado de las autonomías, Cs tiene la oportunidad de mostrar su autoadjudicada dimensión liberal progresista, y la amplitud de miras que contiene su idea de la soberanía nacional en la era de la globalización. Desgraciadamente, su voto negativo a la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, propuesta por los socialistas, no permite albergar muchas esperanzas. Es otro tiro en el propio pié que les va a dificultar la andadura política tras el l-O.

PSOE: un federalismo insuficiente. Pese a su embarazosa posición, obligados a otorgar apoyo a las exclusivas medidas legales de Rajoy para impedir el referéndum de autodeterminación, los socialistas, y particularmente el PSC dirigido por Iceta, pueden ser los únicos capaces de extraer algún beneficio político de la crisis. No será nada fácil. En primer lugar, porque el PSOE, aún comandado por Pedro Sánchez, tiene una sustancial limitación para encabezar la salida negociada al referéndum fallido: es incapaz de hacer un planteamiento capaz de compaginar la unidad federal de España con la posibilidad de separación, la única apta para conseguirla y sostenerla en el tiempo. No son conscientes de que el federalismo en nuestro país carece, por sí solo, de capacidad para integrar al independentismo que, tarde o temprano, volvería a resurgir con fuerza.  Para que los socialistas puedan encabezar e impulsar la negociación resulta imprescindible que su propuesta incluya a los independentistas, lo que supone inexorablemente que la reforma constitucional contemple la posibilidad de separación, previo uso legal del derecho de consulta. Y ese es un camino teórico-político que todavía no ha recorrido el PSOE. De ahí que su papel se vea seriamente condicionado por la tradición jacobina, encarnada en los dirigentes que se opusieron a Pedro Sánchez. Quiero pensar que será algo superable cuando la presión del proceso negociador alcance el punto en que todo avance suponga necesariamente un cambio de perspectiva. La Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico puede ser el sitio adecuado para demostrarlo.

Unidos Podemos: principios sin política. De todo lo dicho se desprende que no es factible una propuesta basada en el inaplicable derecho de autodeterminación, tal como sigue insistiendo Unidos Podemos. Este principio retorico (en el caso de España, y de todos los países democráticos) supone en la práctica un alineamiento táctico con los independentistas. Aunque se proclame un día si y otro también el patriótico deseo de que no se marchen. Se trata de una actitud política no solo inoperante, ya que se enfrenta a los partidos constitucionalistas sin los cuales, mientras no cambie sustancialmente la correlación de fuerzas, no hay posibilidad de salida a la crisis independentista, sino que puede actuar como un bumerán contra la coalición de izquierdas, con riesgo de fractura y posible pérdida de apoyo electoral, del que no están precisamente sobrados. Lo que más sorprende es que, tras la jornada del 1-O, y la intención de proclamar unilateralmente la independencia (DUI) se siga manteniendo como única respuesta un referéndum de autodeterminación pactado. Es como vivir en Alicia en el país de las maravillas, o en el mundo de nunca jamás. ¡Pero hay que crecer!

Persistir en el ejercicio de funambulismo puede convertir a Unidos Podemos en involuntarios compañeros de viaje (en segunda clase, para más inri) de los independentistas hacia un escenario de conflicto entre dos legalidades y legitimidades en Cataluña: la legalidad y legitimidad del Estado de Derecho español, consagrado por una Constitución votada muy mayoritariamente por los propios catalanes (91%); y una legalidad y legitimidad basada en la exigua mayoría independentista del Parlament, votada por una importante minoría (47%) de los catalanes. Lo curioso es que los dirigentes podemitas caminan orgullosos de su equidistancia sin percatarse de que en medio solo hay vacío político.

La política de principios fuera de contexto se suele traducir en principios sin política (una curiosa forma de platonismo) que te incapacita para actuar sobre la realidad, y dificulta la posibilidad de participar con eficacia en una salida pactada. Pienso que la razón del tal profunda miopía estriba en una lamentable confusión entre transversalidad social y transversalidad política. La primera resulta indispensable para conquistar la hegemonía; la segunda convierte el agente político en un movimiento populista ineficaz, cuando no reaccionario, aunque se reclame progresista. Este es el gran drama de la izquierda: si no acierta se debilita, lo que hace más difícil acertar la próxima vez. Y de persistir el error en el tiempo, se puede ver condenada a sobrevivir en los márgenes de la actividad política.

No se ganan las batallas que afectan a las estructuras del poder institucional capitalista mediante declamaciones y apelaciones a los grandes principios generales, que al final todos esgrimen: autodeterminación, soberanía nacional, pueblo, unidad de la patria, (también la catalana, ¿o no?) etc., sino mediante el juego dialéctico de las fuerzas fácticas y contrafácticas enfrentadas. Por eso resulta cuanto menos curioso que los que acusan al PSOE de estar más cerca del PP que de ellos no perciban que el verdadero riesgo es situarse más cerca de los independentistas (incluidos los neoliberales de derechas) que de los socialistas, sin los cuales no es posible realizar una política de izquierdas y transformadora en nuestro país.

La solución, al fondo a la izquierda

En el conflicto político de Cataluña se expresa la superposición de dos estados: el independentista, con sus leyes de referéndum y transitoriedad, cargos electos, y una importante movilización social; y el constitucional, que cuenta con la legitimidad originaria de la que derivan todas las demás, así como los instrumentos (aparatos de Estado) para ejercerla, sin más límites que sus propias leyes, sometidas en última instancia al Tribunal Constitucional. Ahora bien, en el conflicto de realidades superpuestas, cuanto mayor es la diferencia de energía (poder) menor es el tiempo de vida de la superposición. Se trata de la dinámica de correlación de fuerzas, que siempre es un juego de suma cero. El propio conflicto supone un reajuste (actualización) de las potencialidades de cada uno. Y como ocurre en el experimento mental del gato de Schönberg,[3] su resolución supone la anulación de uno de los estados. Mientras no ocurra (se abra la jaula), cada cual cree que el otro es el muerto. Por lo que la resolución del conflicto pasa por certificar su defunción. Y claro, no se negocia con muertos. Pero la realidad es que la resolución (fracaso del referéndum) no significa que desaparezca la legitimidad social y la fuerza política del independentismo. La pregunta es, por tanto, cómo administrar la victoria constitucionalista, que tiene mucho de pírrica.

En mi artículo Cataluña: referéndum, independentismo, y legalidad, me extiendo en lo que considero la propuesta política más adecuada y eficaz para resolver un problema que venimos arrastrando desde hace siglos. Es la historia de un fracaso que evidencia la continuidad en el tiempo de un anhelo.[4] Se trata, por tanto, de incluir en la solución el tozudo hecho del independentismo. E iniciar un proceso negociador que incluya el derecho de consulta y la posibilidad de separación, tal como lo desarrollo en el artículo mencionado, y al que me remito. Soy consciente de que una interpretación superficial de mi propuesta puede llevar a pensar que el derecho de consulta, capaz de abrir la posibilidad de separación negociada con el Estado, se asemeja al referéndum de autodeterminación pactado y con garantías de Unidos Podemos. Craso error, ya que la propuesta de UP no solo es inviable, por carecer de sustentación jurídica, como argumenta el manifiesto firmado por 400 profesores de Derecho Internacional,[5] sino que cierra el proceso antes de haber empezado, mientras que el derecho de consulta lo que hace es iniciarlo, no lo culmina. El referéndum vinculante solo es posible tras un proceso previo de cambios legales, porque en España no puede acordarse su realización con el gobierno, como ocurre en Gran Bretaña.[6] Si lo intentara, por ejemplo, un gobierno presidido por Sánchez, como pretenden los dirigentes de Unidos Podemos y compañía, cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional lo anularía. Y vuelta a empezar.

Por lo tanto, el proceso debe iniciarse con una consulta, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y cumpliendo con los requisitos de participación y porcentaje de votos afirmativos pactados, que sirva para comprobar si se cumplen las condiciones para plantear la separación. Es posteriormente cuando se inicia la negociación con el Estado (Gobierno, Comisión parlamentaria, o lo que se decida) para implementar los resultados. El acuerdo a que se llegue deberá ser aprobado por las Cortes Generales, y refrendado por los ciudadanos de la autonomía. Es decir, la serie es: consulta negociación acuerdo ratificación referéndum. Este planteamiento, además de realista, es el único capaz de concitar un amplio consenso que permita, partiendo de la legislación vigente, el derecho de consulta. Por ejemplo, con la reforma del artículo 92 de la Constitución, que otorga la potestad exclusiva al gobierno de la nación para convocar referéndums consultivos sobre decisiones políticas de especial transcendencia,[7] de forma que amplíe esa potestad a las autonomías, de acuerdo a la normativa que establezca cada Estatuto (que deber ser aprobados por las Cortes, no lo olvidemos) y cuyos resultados sean vinculantes, poniendo en marcha un proceso de negociación en el que se plasme la posibilidad de separación. Una especie, si se quiere, de Ley de Claridad adaptada a la realidad española.[8] Esta es, lógicamente, una propuesta provisional, un PTPP (para todo propósito práctico). De lo que se trata es de facilitar el logro del necesario consenso político entre los agentes interesados, incluidos los independentistas, que deben ser incorporados a una solución que incluye necesariamente la reforma constitucional.

Después del 1-O se inicia un cambio de fase en el que se impone la necesidad de dar soluciones políticas a un problema secular que involucra a una parte significativa de la ciudadanía catalana. Frente al autonomismo reduccionista encarnado por el PP y Ciudadanos, el federalismo incompleto de los socialistas, y el funambulismo equidistante de Unidos Podemos, es necesario ofrecer una política desde la izquierda transformadora capaz de conjuntar, en la perspectiva estratégica socialista, la unidad de España, expresión de la unidad de los trabajadores, con el reconocimiento constitucional de la realidad independentista. Una propuesta inclusiva que cuente, y tenga en cuenta, a todas las formaciones políticas, entre ellas las independentistas, parte esencial e imprescindible de la solución. De lo contrario seguiríamos presos en el ciclo vicioso de crisis territorial, insumisión independentista, y fracaso político.

En política no son aconsejables los atajos. Suelen convertirse en un diabólico laberinto donde el objetivo pasa a ser cómo salir en vez de cómo llegar. Cierto, la puerta de nuestra Constitución está cerrada para la separación, pero la llave la tienen los diputados y senadores. O se derrumba o se pacta, esa es la cuestión. En el siglo XXI, culminada la descolonización, y resueltos prácticamente los casos de opresión dictatorial, lo que se dilucida no es la patria o la nación, sino la defensa y desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho, el espacio de libertades que permite la verdadera transformación de la sociedad y la auténtica autodeterminación de individuos y pueblos.

 

NOTAS

[1] Roger Penrose publicó en 1958 un artículo titulado: Figuras imposibles: una clase especial de Ilusiones Visuales, que incluía un triángulo imposible formado por tres barras creado en 1934 por el artista Oscar Reutersvärd.

Triangulo imposible

La imposibilidad es una característica de la estructura completa, no está localizada en una parte.

[2] En mi opinión, hubo un claro abuso de funciones, pues lo suyo hubiera sido señalar los aspectos del Estatut que entraban en conflicto con la Constitución, y pedir que las Cortes españolas y el Parlament de Cataluña lo solucionaran, y no legislar de facto. Aunque sea agua pasada, el que haya contribuido gravemente al actual ciclón político debe servir para que el futuro pacto territorial recogido en la Constitución incluya una ley que clarifique y precise las facultades del Tribunal Constitucional, e impida sus peligrosas extralimitaciones. Ver entrevista con Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: www.lavanguardia.com/politica/20170926/431561846495/perez-royo-entrevista.html

[3] En el experimento mental de Schrödinger el fotón está en una superposición de estados que siguen un camino u otro, el detector está en una superposición de estados activado y desactivado, y el gato está en una superposición de estados estar vivo y muerto.

[4] La serie histórica de fracasos contiene, al menos, los siguientes hitos:

– Proclamación de 1641, conocida como la Guerra del segadors (referencia del actual himno de Cataluña), ocurrida durante el reinado de Felipe IV, entre 1640 y 1652, que dio lugar a la proclamación de la República catalana el 17 de enero de 1641 por el eclesiástico Pau Claris, presidente de la Generalitat

– Proclamación de 1873, por José García Viñas y Paul Brousse (francés), durante la I República Española, de un Estado catalán federado con la República española, apoyado por 16.000 voluntarios

– Proclamación de 1931, por parte de Francesc Macià (ERC) de la República Federada Catalana dentro de la II República española

– Proclamación de 1934, por Lluis Companys (ERC) del Estado catalán de la República federal española, aprovechando el estallido de la Revolución de Asturias.

Puede verse: Claret, Jaume; Santirso, Manuel. La construcción del catalanismo. Historia de un afán político. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2014.

[5] Los profesores, miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, sostienen que Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, por lo que la libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia. Y añaden que la UE respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno” de sus Estados. Y que “el derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación.

[6] En el caso de Canadá, esa potestad la tiene el gobierno de Quebec, que ya la ha ejercido dos veces, pero que actualmente debe ajustare a la llamada Ley de Claridad, aprobada por el Parlamento nacional en 2000 tras el fallo unánime del Tribunal Supremo de Canadá, en 1998. Ver el artículo de Adrian Shubert Los límites de la vía canadiense (https://elpais.com/elpais/2017/09/13/opinion/1505327442_678989.html)

[7] Hasta la fecha, se han celebrado dos referéndums consultivos de ámbito nacional: el relativo a la permanencia de España en la Alianza Atlántica y el celebrado para la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. (www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=92&tipo=2)

[8] Como señala la Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña, firmada por los miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI): Las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de autoorganización, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales.