Artículo extraído de Confluencia Network


 

Pirro en el Parlament 


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El Tribunal Constitucional, con su salomónica decisión de permitir la sesión de investidura de Puigdemont, siempre que se presente ante el Parlament previa autorización del juez instructor del Supremo, supone instaurar un oportuno tiempo muerto, materializado en la suspensión del pleno de investidura por el Presidente del Parlament, Roger Torrent. Impasse que debería servir para restablecer la cordura tras el subidón electoral y la repetición (menguada) de la mayoría parlamentaria independentista. Es decir, para recuperar el tiempo de la política, que es el espacio de la legitimidad, pero que en el Estado democrático de Derecho solo puede actuar en el marco de la legalidad. [1] Por eso, Puigdemont, si quiere ejercer la legitimidad que le otorgan las urnas para ser President, tiene que hacerlo en el cauce de la legalidad, y no obstinarse en devolver el golpe del 155 al Estado, poniendo en peligro la recuperación del autogobierno. En eso parece que estamos, tras semanas de un suspense con características de serie televisiva, cuyo último episodio son los mensajes de Puigdemont a Comín donde reconoce que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado.

Pero la realidad es que la resolución del Tribunal Constitucional ha dejado al descubierto la debilidad del bloque independentista para consumar exitosamente la investidura a distancia. Es más, aunque el bloque independentista (una agrupación circunstancial, por otra parte) estuviera liderado por santos, genios o héroes, seguiríamos ante la crisis terminal del procés. Todavía en la fase de duelo caracterizada por la negación de la realidad, pero en camino de pasar a la de aceptación. Claro que para realizar felizmente el tránsito es necesario que los independentistas, empezando por el ex President, superen la grave disonancia cognitiva que les aqueja.[2] Y que Gobierno, constitucionalistas y comunes entiendan, de una vez por todas, que la terapia no puede basarse exclusivamente en una elevada dosis píldoras legales, sino que es necesario abordar el conflicto desde la política. Y eso supone aceptarse mutuamente, una vez recuperada la normalidad de un Govern independentista dentro de ley.

Para ello el independentismo pragmático debe liberarse del planteamiento presidencialista de Puigdemont: ¡Catalunya sóc jo! con que intenta persistir en el insensato desafío al Estado. Lo sorprendente es que tantos dirigentes sensatos de ERC y PDeCat le sigan el juego… al menos hasta que se ven camino de la cárcel. Instalado en el mundo de los hechos alternativos, Puigdemont considera que el 21D los catalanes le han elegido a él y a nadie más que a él, aunque su lista sea la segunda más votada. Pero la tozuda realidad obliga al independentismo a optar entre gobernar la autonomía, o declararse en rebeldía permanente, lo que impediría la recuperación del autogobierno, con gran jolgorio para los recentralizadores, y daño para todos, como demuestra el acuerdo entre Junts per Catalunya y la CUP, que finalmente no suscribió sensatamente ERC (se puede descargar documento en: 4_6025859684886381365 by EM on Scribd). Así que aprovechemos el tiempo muerto para analizar, sin las premuras de una realidad cambiante por días, los temas de fondo del conflicto catalán y los posibles escenarios que, tras el 21D, dibujan la actual correlación de fuerzas. Porque tras el 155, y su inacabada culminación, el conflicto se ha españolizado, y la onda expansiva de sus sacudidas telúricas nos afectan a todos.

Una situación endiablada

Los resultados de las elecciones catalanas han dibujado una situación política endiablada, con grave riesgo de alterar el curso de la vacilante legislatura española. Se da la paradoja de que nos encontramos con dos ganadores mutuamente excluyentes. Puigdemont puede jactarse de haberse revalidado en el cargo al encabezar la mayoría parlamentaria independentista, lo que le ha llevado a instalarse en una especie de desesperación complacida tras la fase paradójica del 155. No ha dudado hasta ahora (?) en ejercer su poder simbólico para neutralizar las lógicas resistencias de ERC. Claro que su triunfo se asienta sobre los lodos que han traído las lluvias torrenciales del procés: pérdida porcentual de apoyo social y mengua de la anterior mayoría parlamentaria. Lo que, dado el horizonte judicial al que se enfrentan los dirigentes independentistas, puede obstaculizar seriamente la estabilidad del nuevo Govern, con grave riesgo de instaurarse en la ingobernabilidad. Una victoria pírrica, por tanto, que terminará imponiendo su demoledora realidad a la hora de convertir en hechos la mayoría parlamentaria bajo la tutela de la CUP, cuyo hábitat natural es cuanto peor, mejor.

En el campo constitucionalista también resulta pírrica la victoria de Arrimadas. La entroniza como líder indiscutible de la oposición al independentismo y convierte a Cs en el partido más votado y con más escaños de Cataluña, un éxito indiscutible, impensable hasta hace poco. Sin embargo, el descalabro del PP y el raquítico crecimiento del PSC imposibilitan que pueda postularse como alternativa real de gobierno, incluso con el apoyo improbable de Catalunya en Comú-Podem. Ni siquiera ha podido aspirar al premio de consolación de alcanzar la presidencia para uno de los suyos en la Mesa del Parlament, cuya constitución es un espejo de anticipación del dominio independentista. Es más, su triunfo augura una lucha encarnizada del PP por recuperar los votos perdidos, la reiteración en la política de ninguneo por parte de los socialistas y su famosa media naranja, unido a la ya habitual descalificación total de los comunes. Un liderazgo, por tanto, sin capacidad para liderar.

En el campo de los perdedores destaca el partido de Ada Colau, y su frustrada aspiración a convertirse en la llave de un quimérico tripartito. Espero que hayan aprendido la lección: no se puede ser un espectador imparcial cuando se forma parte de la competición política. Mantienen, sin embargo, su capacidad de maniobra ante las contradicciones del bloque independentista y la necesidad de ampliar el campo del soberanismo con fuerzas anti-155 para escapar al pressing de la CUP y sus imprescindibles 4 escaños. El riesgo es que, si no tienen un planteamiento claro y una estrategia definida, puedan sucumbir a los cantos de sirena de la transversalidad propuesta por ERC. No conviene olvidar que, parafraseando a Michael T. Ghiselin, si arañas a un soberanista verás cómo sangra un independentista.[3] La tentación sigue latente, pese a las últimas cautelas. La opción para salir de la inoperancia es encabezar una propuesta de Pacto de Gobernabilidad, del que hablaré más adelante, que permita no solo la estabilidad político-institucional, sino la normalización de la actividad política y su flexible juego de acuerdos, pactos y alianzas. Dicho Pacto puede brindarles la oportunidad de hacer política a lo grande pese a su pequeñez parlamentaria. Sin embargo, solo serán convincentes si vinculan la agenda social con un proyecto de país que permita resolver tanto los problemas sociales como los institucionales, y en particular el de la configuración territorial. De lo contrario, abundarían irresponsablemente en la imagen de una formación política que, a la hora de la verdad, termina apoyando al independentismo y su única agenda: la República.

El PSC, pese a su menguado crecimiento, ha conseguido cohesionar sus filas en torno a Iceta, un político ejemplar que, a poco que consiga incidir en la acción política, irá creciendo en prestigio y apoyo electoral. Tiene a su favor que toda política progresista viable pasa inexorablemente por ellos (y por el PSOE, en el conjunto de España), lo que debería hacer reflexionar a más de un politólogo de izquierdas, estancado en su peculiar guerra de familia. Sin embargo, el frentismo de la política catalana, al que han querido combatir con propuestas de síntesis integradora, pesa como una losa. De ahí que exista la posibilidad de ganarlos para el mencionado Pacto de Gobernabilidad.

El desafío independentista ha tenido, como toda victoria pírrica, un resultado paradójico: trasladar el principal escenario de la acción política -o la principal pista del circo, si se quiere- del Parlament a las Cortes españolas. Una endiablada situación que exige cierta dosis de propedéutica política para comprender su dinámica y poder así afrontar el nuevo año político en el que se va a definir el perfil operativo de las distintas fuerzas en pugna. Porque el impasse político-institucional ya no tiene solución exclusivamente en el espacio de decisión autonómico. El independentismo actúa como una gigantesca cuña que divide la sociedad catalana, y que puede llegar a fracturarla irreversiblemente si sigue aumentando la presión, lo que ya está generando ciertas formas de violencia difusa características de la confrontación civil en nuestro tiempo y lugar.

Escenarios para un conflicto interminable

La complejidad de la política catalana post 21D se deriva, en gran parte, de la tergiversada asignación de escaños al nuevo Parlament, con una sobrerrepresentación de las zonas menos pobladas y desarrolladas de la Cataluña profunda.[4] Un atento examen de esas estructuras del bloque independentista revela que se asienta sobre una mixtura de viejas concepciones tradicionalistas de raíz agraria, propias del S. XVIII, con el liberalismo característico de la sociedad industrial. Es lo que permite la alianza (coyuntural) entre los representantes políticos del voto rural y el voto urbano, con los cuperos jugando el papel de sans-culottes, carne de cañón útil para la gresca, pero rápidamente desechados cuando se logra la normalidad institucional. Todo ello hace que, superado el bloqueo legal de la investidura de un President factible, se abran en Cataluña distintos escenarios posibles. Veamos

Primer escenario. Se forma un Govern independentista comprometido con la materialización de la República, tal como exige la CUP a cambio de sus imprescindibles votos. Eso supone reincidir, de una u otra forma, en la ilegalidad, con grave prejuicio para los ya procesados. Parece un disparate de tal magnitud que cuesta pensarlo. Lo más probable es que las contradicciones en el bloque independentista, evidenciadas con la decisión de Torrent, terminen conduciendo a la parálisis e ingobernabilidad, con graves efectos socioeconómicos. Tras unos meses de impasse, se volverían a convocar elecciones, esta vez con serio riesgo de perder la mayoría independentista. Mientras el Govern dependa de los cuperos, la estabilidad es una quimera. Y sin ellos, el gobierno independentista un imposible.

Segundo escenario. Rechazadas las exigencias de la CUP (cuyo nivel de irrenunciabilidad está por ver), unido a los problemas derivados de los procesos judiciales en curso y las predecibles inhabilitaciones, y ante el riesgo de tener que repetir las elecciones, los independentistas negocian un gobierno de JxCat y ERC, con el apoyo de Cataluña en Comú-Podem, lo que haría factible el mencionado Pacto de Gobernabilidad. Pero su verdadera estabilidad y conveniencia solo es posible contando al menos con la complicidad de los socialistas. Se trata de un puzzle de difícil construcción y mantenimiento. Lo que nos lleva a un resultado similar al del anterior escenario.

Naturalmente, existen otros escenarios posibles. Pero todos desembocan en un resultado parecido: ingobernabilidad e inestabilidad. Con el previsible resultado de nuevas elecciones a corto plazo, pese a ser una opción que, por distintos motivos, a nadie le interesa.

En conclusión: ante éste panorama de inestabilidad y conflicto permanente, y dada la enorme dificultad de llegar a acuerdos que eviten nuevas elecciones, solo es posible romper el nudo gordiano catalán con la espada de un Pacto de Estado sobre la Ordenación Territorial, sin el cual la conflictividad nacionalista terminará metastasiando todo el corpus social español. Un pacto imposible, o inútil, sin la participación del independentismo, por lo que debe incluir tanto el derecho de consulta como la posibilidad de separación mutuamente acordada, tal como ya he expuesto en anteriores artículos. Y para ello es necesario que se alcance previamente en Cataluña un Pacto de Gobernabilidad entre el independentismo realista, los comunes y el constitucionalismo realista representado por los socialistas, capaz de poner en marcha el autogobierno. Porque la permanencia en el tiempo del conflicto catalán, convertido en enfermedad crónica, es insostenible política, económica, y socialmente; y demoledor para la estabilidad institucional del Estado.

Ilícito, ilegal, y delictivo

Y por si todo esto fuera poco, la acción judicial, instigada por la fiscalía general con evidente intención ejemplarizante, y secundada con más entusiasmo que mesura por los magistrados del Tribunal Supremo encargados del caso, ha terminado por enmerdar la situación y añadir nuevos factores de incertidumbre. Quizás algunos se alegren del laberinto en que se mueve el independentismo, llevado por su deseo de restaurar su anterior Govern; o disfruten con los inconvenientes carcelarios de sus dirigentes. Lo que no entienden estos entusiastas del rigor judicial es que esta situación no beneficia a nadie, ya que las dificultades jurídicas del bloque independentista suponen, en el mejor de los casos, instalar Cataluña en la ingobernabilidad. La fractura de la sociedad en bloques excluyentes, ninguno de los cuales puede imponerse al otro, no permite alcanzar el mínimo consenso de cohabitación sobre el que se estructura el poder político en democracia, y es el mejor caldo de cultivo de la tentación autoritaria, del ¡o conmigo o contra mí! El frentismo concibe la política como la arena de combate en vez del espacio de conectividad social donde se dirime para la hegemonía. Los bloques antagónicos anulan la modularidad política de los partidos,[5] impidiendo alcanzar acuerdos transversales necesarios en una sociedad plural.

Dicho lo cual, no debemos olvidar que la cuestión catalana (mañana posiblemente vasca, y algún día tal vez gallega), aunque tiene una dimensión judicial insoslayable, no se resuelve jurídicamente, por lo que el debate sobre las cuestionables actuaciones policiales, y las criticables resoluciones de jueces y magistrados, no debe desviarnos de la discusión política.[6] En el Estado democrático de Derecho, y España lo es (que lo nieguen los independentistas resulta comprensible; que se haga desde la izquierda es un disparate) corresponde al Poder Judicial considerar la comisión de posibles delitos de acuerdo a la legalidad elaborada por los representantes democráticamente elegidos, ya que como señala Habermas, la legalidad es sólo una forma derivada de la legitimidad. Y solo en el espacio acotado del Poder Judicial se pueden resolver las decisiones judiciales; lo mismo que ninguna resolución judicial puede ir mas allá de los limites que marca la ley. Por eso, el buen funcionamiento del Estado democrático de Derecho obliga a que tanto los tribunales de justicia como el Constitucional velen porque sus acciones no entren en conflicto con el bien supremo de la cohesión social. Son poderes que actúan en ámbitos exclusivos y reglados, sin interferencias del ejecutivo y legislativo, pero sustentados en el mismo principio de legitimidad derivado del poder constituyente de los ciudadanos españoles, y a cuya convivencia se deben. De ahí el grave riesgo para la democracia que supone el enorme poder de interferencia del juez de instrucción en la actividad política, y que los magistrados del Supremo no parecen tener suficientemente en cuenta, tal vez por una concepción celosa de su independencia que puede rayar en la indiferencia.

Desde esta perspectiva hay que analizar el papel decisivo del Tribunal Constitucional en todo el conflicto, puesto a prueba por el recurso del Gobierno contra el acuerdo de la Mesa del Parlament proponiendo a Puigdemont para la investidura. De difícil justificación jurídica, como ha señalado el Consejo de Estado y los letrados del TC, su salomónica resolución, a la espera de un pronunciamiento de fondo de gran trascendencia para el futuro del ordenamiento territorial, evita una interpretación rigorista de sus facultades, lo que hubiera supuesto (en la actual coyuntura política) facilitar al independentismo extremo la demolición del propio Estado. Aquí resulta conveniente seguir la sabia modificación propuesta por Hegel del fiat iustitia et pereat mundus, que el filósofo alemán cambió por fiat iustitia nec pereat mundus (hágase justicia, para que no perezca el mundo).

Ahora bien, de seguir por el camino de esquivar la política amparándose en la justicia se corre el peligro de transformar nuestra democracia en un estado judicial, que siempre deviene en la práctica en estado policial, una perversión que supone la supresión de la separación de poderes, y la anulación efectiva del amparo legal de los derechos ciudadanos, incluidos los de sus representantes. Y no creo dramatizar si señalo que nos encontramos ante una situación peligrosamente anómala, lo que exige la actuación de las fuerzas políticas para compensar los perturbadores efectos políticos de la acción judicial y sus procedimientos. Por eso resulta imprescindible cumplir con el dictamen elaborado por GRECO,[7] organismo perteneciente al Consejo de Europa, donde exige que el Poder Judicial no sea elegido en ninguna de sus fases con intervención de las autoridades políticas; y que la comunicación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno sea siempre por escrito y transparente. Esta sombra sobre el Poder Judicial en España atribuible al gobierno del PP, se ha acrecentado con las inaceptables llamadas a miembros de TC.

Por eso, tiene poco sentido ponerse a debatir si es o no adecuado calificar (penalmente) de rebelión la puesta en práctica de la hoja de ruta del procés. Su minuciosa planificación no pasó por alto nada… excepto la vida real. En cualquier caso, la calificación como delito de actos de inspiración política corresponde exclusivamente a los jueces, y no hay proceso electoral que lo anule. Una aspiración en la que Puigdemont y Rajoy coinciden. Puede discutirse la calificación penal de la desobediencia reiterada de las resoluciones de Tribunal Constitucional; la de crear legalidades paralelas (6-9S); la de organizar desde el Govern el ilegal Referéndum del 1O; la de asumir con la DUI sus resultados; la de gastar dinero público para todos esto fines, etc.; pero solo cabe acatarla y, en su caso, recurrirla a las instancias supranacionales pertinentes, como el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Sin embargo, resulta ingenuo pensar que ambos espacios, el penal y el político, aunque separados formalmente, pueden aislarse socialmente. Por eso, la ausencia de política puede llegar a engendrar monstruos jurídicos.

Transitar por la senda constitucional

Cuando no se acepta la legislación realmente existente, amparada en la fuerza coercitiva del Estado, y se trata de sustituir por una legalidad virtual sin Estado que la ampare, defienda y ejerza, el sueño político separatista se convierte en pesadilla judicial de la que solo se sale mediante el oportuno cambio en la legislación constitucional. Es, como diría Bataille, un imposible bien real. La gran fuerza política y social del independentismo, refrendada el 21D, solo podrá materializarse en la formación del próximo Govern aceptando la Constitución, e integrándose en un proceso de negociación y acuerdo con el Gobierno y las Cortes españolas para crear un cauce legal a sus aspiraciones. No existe otro camino. Para transitarlo es necesario que ERC y PDeCat sean capaces de realizar la elemental constatación de que ¡no han ganado las elecciones!, ni juntos ni por separado, pese a que puedan gobernar.[8] Lo que exige reconocer la existencia de una mayoría reforzada de catalanes (52,7%) que no quieren la separación (aunque algunos sí la querrían en caso de ser acordada con el Estado español), y admitir sus derechos, que no desaparecen por estar en ligera minoría parlamentaria. Confundir los efectos de una ley electoral, concebida para distorsionar la voluntad ciudadana en favor de las zonas más atrasadas y conservadoras de Cataluña, con un mandato popular para la independencia, parece un truco de trileros que poco tiene que ver con la tan cacareada democracia. Es la expresión del discurso totalista que identifica la parte con el todo (una de las características del nacionalismo franquista, por cierto). Es, por tanto, muy necesario llegar a un acuerdo, dentro del Pacto de Gobernabilidad, para modificar la ley electoral catalana de forma que se respete realmente la proporcionalidad.[9]

Claro que para que el Pacto de Gobernabilidad pueda siquiera tantearse es necesario antes leer los resultados del 21D con gafas de realidad social y no de la realidad aumentada. Y no está claro, pese a los golpes de pecho de Junqueras, Forcadell, los Jordis, Forn, y demás dirigentes procesados, así como los abandonos de Max y Mundó, que los independentistas hayan terminado por aceptar que su exigua mayoría parlamentaria resulta claramente insuficiente para lograr la separación (aquí, y en cualquier país del mundo), y sencillamente imposible si se tiene en contra a la mayoría de votantes, tal como ha reconocido el ex President Mas. De nada vale sumar gratuitamente los votos de Catalunya en Comú-Podem bajo pretexto de que defienden el derecho a decidir, cuando se declaran no independentistas. Perseverar en la fantasía de la mayoría social independentista es un disparate solo explicable si sufren de ilusión reconfortante (ignorar la realidad porque no les favorece). Este choque con la realidad hace que la actividad independentista esté ocupada principalmente en cohesionar y mantener prietas sus filas, amparándose en la legitimidad del sufrimiento. Si uno se golpea reiteradamente la cabeza contra un muro termina partiéndosela. En este caso, lo hacen llevando de la mano a casi dos millones de catalanes con la esperanza de que tantas cabezas juntas no pueden hacerse daño. Desgraciadamente, la historia está llena de dramáticos mentís a tan peligrosa ilusión.

Para encontrar una salida al conflicto catalán es preciso que los independentistas entren en razón (y no solo para esquivar la acción de la justicia) y acepten la Constitución como el espacio (reformado) de la contienda política donde alcanzar sus legítimos ideales. A su vez, la razón práctica exige al constitucionalismo patriótico (Dolf Sternberger) un planteamiento sobre la ordenación territorial de España donde tenga cabida la posibilidad de separación, previa consulta legal de aquellas nacionalidades donde se den (y cumplan) las condiciones pactadas (y regladas) para ello. Porque cuando en una sociedad se fragmentan los sistemas de valores, se enfrentan los sentimientos de pertenencia, y se desafían los viejos mecanismos integradores, es necesario encontrar una base nueva para su reconstrucción y aceptación mutua (affectio asociationis).

Las angustias pequeño-burguesas de la izquierda

Un serio obstáculo a la acción política de la izquierda (vieja y nueva), y su propuesta de Pacto de Gobernabilidad, es el descoloque producido por la globalización en la cuestión nacional, convertida en un concepto recesivo, que expresa la resistencia identitaria a la integración supranacional de unidades densamente interrelacionadas. La cuestión no es fácil de abordar, ni sencilla de resolver. Exige reformular el papel del Estado-Nación como encuadre (framing) de la sociedad industrial, cuando la Revolución Digital está trastocando el sistema productivo. En este periodo histórico hay que situar la batalla separatista del independentismo catalán y entender su diversidad de intereses y orígenes. Por ejemplo, en la Cataluña profunda de Girona y Lleida se valora y defiende la sociedad sencilla y ordenada de la pequeña ciudad o pueblo, el conocido medio social al que se adaptan sus viejas rutinas, lo que es propio de sociedades predigitales. Es la reserva del conservadurismo nacionalista (antes carlista) donde JxCat ha sido la primera fuerza en el 70% de los municipios medianos y pequeños.

Por otra parte, la represión franquista de los nacionalismos vasco y catalán otorgó de un aura progresista a formaciones de derechas como el PNV y CIU. El supuesto progresismo ha servido de coartada a la izquierda para aceptar sus presupuestos nacionalistas, en detrimento de su histórico internacionalismo. Es decir, la izquierda en España ha dejado de ser nacionalista en el Estado para vestirse con su ropaje en las nacionalidades históricas, con el previsible resultado de perder identidad (y votos) en ambas partes. El ejemplo más claro lo tenemos precisamente en Cataluña, donde la histórica doble hegemonía (victoria nacionalista en las elecciones autonómicas, victoria socialista en las generales) se ha convertido en una única hegemonía, disputada entre independentistas y constitucionalistas, con los dos bloques liderados por la derecha, y la izquierda jugando un papel subalterno. El triunfo de los comunes en las dos últimas elecciones generales ha resultado ser un espejismo, liquidado en cuanto la cuestión nacional ha dominado el escenario político.

Todo ello obliga a la izquierda, si quiere recuperar su papel de vanguardia en la lucha por el progreso, igualdad y unidad de los trabajadores, a repensar el internacionalismo en el mundo global del siglo XXI. En nuestro caso, supone la defensa de las instancias supranacionales de la UE, donde la izquierda debe impulsar su desarrollo democrático, potenciando el papel de las instancias representativas para implementar políticas de transformación socioeconómica en los estados nacionales. Y esto solo puede darse en un contexto supranacional favorable, tal como evidencia la experiencia griega. Solo sobre la base de un nuevo internacionalismo pueden las izquierdas, pese a sus diferencias, aspirar a convertirse en la fuerza hegemónica, y escapar a la trampa del nacionalismo.

Altruismo recíproco o autismo político

¿Puede Cataluña, España y la UE permitirse una situación de conflicto permanente, con los riesgos que ello supone, y que afectaría a la convivencia, la economía y la salud democrática? Evidentemente no. Esta imposibilidad puede contribuir poderosamente a crear la comunidad de intereses desde donde construir el Pacto de Gobernabilidad. Para hacerlo posible, dadas las enormes dificultades creadas por el frentismo, habría que exigir a los componentes de ambos bloques lo que el filósofo, sociólogo y antropólogo finlandés, Edvard Westermarck (1862–1939) llama resentimiento compasivo, que implica altruismo recíproco y empatía con el otro, no tanto por exigencia moral como por urgencia política. Y aquí es dónde Catalunya en Comú-Podem puede y debe jugar un papel destacado. Pero para ello debe liberarse de ciertos corsés político-ideológicos, salir de su clausura epistémica, y actuar sobre el aquí-y-ahora para alcanzar mañana sus objetivos estratégicos. Para eso hay que dejar de viajar en el furgón de cola mirando hacia atrás, y actuar como una izquierda transformadora que lleva el futuro socialista en la médula de su actividad política. Y no intentar resolver con exorcismos los complejos problemas políticos de una sociedad desarrollada. Porque las propuestas políticas estancadas en el pasado invalidan la acción en el presente, e impiden pensar el futuro. La autocritica, como ha hecho Pablo Iglesias, no puede reducirse a una cadena argumental que permita engañar y engañarse utilizando verdades. Está por ver si comunes y podemitas son capaces de hacerlo.[10]

En cualquier caso, cuando finalmente se consiga investir a un President viable y su Govern, habrá que elegir entre una Cataluña paralizada e ingobernable, en acelerado deterioro socioeconómico, enfrentada a cara de perro con los constitucionalistas y el Estado español; o alcanzar el Pacto de Gobernabilidad que permita abordar el cada día más urgente (y difícil) Pacto de Estado sobre la Ordenación Territorial, incluido en la Reforma Constitucional.

Lo peor que le puede ocurrir al independentismo es caer en el autismo político, incapaz de relacionarse con lo que existe más allá de su mundo, que para mayor inri resulta ser socialmente minoritario. Instalarse en un sistema de revancha por la aplicación del 155, con o sin Puigdemont, y bajo la presión insumisa de la CUP, resulta infantil, demasiado infantil. Sería tanto como perpetuar un conflicto sin victoria posible, con grave daño para la propia Cataluña que dicen defender. Es necesario superar el shock del 155 y lograr una respuesta de orientación (RO)[11] para adaptarse a los cambios del ecosistema político catalán tras las elecciones, buscando objetivos mutuamente aceptables mientras se aborda el tema nuclear de la crisis política: la ordenación territorial, que es la clave del arco de bóveda de España como Estado unitario (federal) en la diversidad. Y piedra de toque de cualquier planteamiento de transformación socioeconómica enfocada hacia el futuro socialista. Es decir, hacia el futuro.

 

[1] Si bien Max Weber identifica legitimidad y legalidad en sus análisis de los modelos de legitimidad, Habermas y Rawls insisten en que el poder político no es legítimo fuera, o contra, la teoría procedimental de la justicia. De ahí que una actividad, aunque pueda ser democrática, solo resulta legítima en cuanto respeta las reglas jurídicas y los procedimientos. Para un estudio sobre esta cuestión puede verse, entre otros: Jurgen Habermas. Discusión con Niklas Luhmann (1971): ¿teoría sistémica de la sociedad o teoría crítica de la sociedad?”. En Habermas, J., La lógica de las ciencias sociales. Tecnos, 1990. También, Norberto Bobbio. Estado, Gobierno, sociedad, (Contribuciones a una Teoría general de la Política), Plaza Janés Editores. Barcelona, 1987.

[2] El concepto disonancia cognitiva fue propuesto por el psicólogo Leon Festinger, en su obra Theory of Cognitive Dissonance (1957) para describir el estado mental caracterizado por la existencia simultánea de dos pensamientos en conflicto, lo que implica cierta falta de coherencia entre idea y acción, y explica la razón por la que es tan difícil convencer a alguien de su error: las personas no quieren oír cosas que les pongan en conflicto con sus más profundas creencias y deseos.

[3] Michael T. Ghiselin es biólogo y filósofo estadounidense, miembro de la Academia de Ciencias de Californi y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Bioeconomía. Sus trabajos versan, entre otras materias, sobre biología evolutiva.

[4] Ver el interesante artículo de José Félix Tezanos, Falacias analíticas, precipitaciones políticas y mayorías discutibles, en la web Sistema Digital: https://www.fundacionsistema.com/falacias-analiticas-precipitaciones-politicas-y-mayorias-discutibles/

[5] La modularidad es una característica esencial del cerebro, no solo espacial (áreas, sistemas) sino funcional (procesos cognitivos). También la modularidad se encuentra en casi todo lo que se fabrica, desde una casa, a un coche o un smartphone.

[6] Tiene razón el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo (www.eldiario.es/zonacritica/puede-acabar-bien_6_726587345.html) al señalar que el concepto de rebelión en el actual código penal esta inspirado en la realidad del siglo XIX, mantenida en el XX, pero no se corresponde con la realidad del S. XXI, donde la violencia física directa tiene cada vez menos efecto resolutivo en las sociedades desarrolladas, y se va imponiendo la violencia (de violentar, obligar a que se haga u ocurra algo) pacifica cuyo fin es sustituir, que no cambiar, la legalidad democrática fuera de los cauces constitucionales. Pero, evidentemente, esta redefinición de la violencia delictiva y, por ende, de la rebelión, solo puede ser fruto de la decisión legislativa. Mientras, extrémese la prudencia para no interferir en la acción política, algo que, desgraciadamente, no parece tener en cuenta los magistrados que instruyen la causa contra los dirigentes independentistas. Es fácil imaginar que hubiera pasado si el Govern hubiera contado con una milicia como los kurdos iraquíes, quienes, por cierto, han terminado reculando.

[7] Grupo de Estados contra la Corrupción.

[8] Ganar las elecciones es un hecho absoluto, inmutable, gana quien tiene más votos; poder gobernar es relativo, depende del juego de alianzas y la consecución de apoyos (salvo si el que tiene más votos obtiene también mayoría absoluta de escaños), lo que permite que un partido minoritario ocupe la jefatura del gobierno como ha ocurrido en Dinamarca: Lars Løkke Rasmussen, que ya fuera primer ministro en 2009-2011, ha repetido mandato liderando al Venstre, el partido tercero en las elecciones de junio de 2015, con un 19,5% de los votos.

[9] Existen varias opciones, desde el aumento de escaños, hasta el cambio de las circunscripciones electorales. Un buen análisis es el del citado profesor e investigador José Félix Tezanos.

[10] Parece difícil que se puedan hacer las cosas peor y en tan poco tiempo. Por ejemplo, el disparate de romper el acuerdo municipal con el PSC. Si de lo que se trata es de salvar el ayuntamiento de Barcelona gracias al apoyo de ERC mal negocio ya que los republicanos aspiran a desalojarlos, y eso no se consigue facilitando el trabajo al adversario. ¿Son los ayuntamientos del cambio el último estertor de volcán podemita? Este lento apagón de la expresión política del 15 M demuestra que los movimientos telúricos de la ciudadanía indignada todavía no ha conseguido generar sus genuinos representantes y dirigentes ni vislumbrar más allá de la protesta un proyecto global de transformación socioeconómica.

[11] La respuesta de orientación (RO) también llamado reflejo de orientación es un concepto utilizado por los psicólogos experimentales para referirse al mecanismo de adaptación ante un hecho o suceso que desafía la opinión preconcebida del individuo. Ha sido estudiada por el psicobiólogo y científico ruso Evgeny Nikolaevich Sokolov (1920-2008). La sociedad no deja de ser, en definitiva, un macrobiosistema que necesita RO, y una permanente adaptación a los cambios que ella misma genera.