Internacional

El sueño neoliberal de desregular el orden legal.

El caso del TTIP

La aparición de los tratados de libre comercio de tercera generación -como es el caso del TTIP- no es ajena a la fase del capitalismo en el qué nos encontramos. Más bien al contrario; podemos afirmar que este tipo de tratado es fruto del capitalismo financiero actual pues pretende culminar el proceso de concentración de poder de los grandes grupos de capital. El TTIP no es un acuerdo de comercio más. Es, ante todo, un tratado de inversión, es decir, un tratado de capitales.

El capitalismo lleva inscrito en su ADN el ansia por el crecimiento ilimitado, un crecimiento que hace posible superando fases de acumulación de riqueza. Tanto es así que en la historia del capitalismo reciente podemos distinguir hasta tres de esos estadios. En el primero, la fase de concentración del capital se sitúa a un nivel microeconómico. A partir del último cuarto del siglo XIX y una vez afianzados el capitalismo comercial y el industrial, las formaciones de oligopolios toman fuerza. Estableciendo alianzas, el objetivo del capital es dominar el mercado, lo que supone por una parte eliminar la competencia y, por otra, imponer precios y tipos de bienes al consumidor.

Tras esta fase de concentración microeconómica, se sobrepone una etapa de concentración de nivel macroeconómico. A mediados del siglo XX se inicia el proceso de globalización neoliberal, un colonialismo 2.0 aupado por la política neoliberal y posibilitado por las nuevas tecnologías. La globalización neoliberal abre las puertas a la desregulación global comercial, industrial y financiera, eliminando las barreras al movimiento internacional de capitales y contribuyendo a la progresiva pérdida de control de estados y ciudadanos.

En la actualidad, la concentración de poder y de capitales parece hallarse en un tercer estadio. El sueño neoliberal ya no intenta su dominio sólo a través de la desregulación del sistema económico. Ahora, el sueño neoliberal pasa por desregular la propia legislación, es decir, pasa por romper las normas del juego decididas por nuestro sistema democrático.

Y es en este contexto donde se sitúa un tratado de inversión como el TTIP, un tratado cuyas cláusulas dan un peligroso protagonismo a organismos ajenos al marco legislativo establecido por las democracias. Porque, sea cual sea la fórmula resultante que los negociadores del TTIP establezcan para la resolución de conflictos Estado- multinacionales – es decir, ya sea mediante la existencia de Tribunales de Arbitraje o de Consejos de Cooperación Regulatoria -, lo cierto es que el TTIP posiciona las relaciones Estado-capitales al margen las legislaciones nacionales y del propio orden legal internacional. Así, el TTIP contribuye a crear un corpus jurídico alternativo y oficializa unos procedimientos legales faltados de total control y transparencia.

En este sentido, cabe recordar que las leyes nacionales son fruto del acuerdo parlamentario y que, a su vez, la composición parlamentaria es el resultado del proceso democrático. Son los representantes políticos quienes proponen las leyes de acuerdo con su compromiso electoral con la ciudadanía. Por tanto, situar las relaciones Estado-multinacionales al margen del orden legal establecido supone situarlas fuera del marco democrático.

Si el TTIP se acaba materializando, estaremos ante la oficialización europea de un orden legal alternativo que puede acabar imponiéndose al actual y cuyas consecuencias y riesgos son innumerables. Lo saben bien la multitud de países que ha sido víctima del chantaje de las multinacionales. Incluso podríamos aplicar el dicho y afirmar que “cuando la UE va, otros países ya han vuelto”. Porque cuando la UE está dispuesta a subordinarse legalmente a las grandes multinacionales, otros países se están rebelando contra sus chantajes, contra las escandalosas indemnizaciones solicitadas por la no consecución de cierto umbral de beneficios, unas sumas compensatorias que desestabilizan los presupuestos públicos de cualquier país.

Sin embargo, lo que está en juego no es solo la estabilidad presupuestaria. Estamos ante el riesgo de pérdida acelerada de la capacidad de los Estados para llevar adelante sus políticas y para desarrollar, libremente y sin chantajes, un proyecto de país a través de la legislación nacional. Y no solo eso, pues el dominio legal por parte del capital también supone un peligro tanto para los ciudadanos – que nunca podemos bajar la guardia ante el intento constante del sistema por descapacitarnos – como para la sostenibilidad del propio planeta. Por desgracia hay ejemplos de litigios para dar y regalar: el litigio de inversores contra el estado de Sudáfrica cuando éste aprobó la ley de empoderamiento económico de la población negra; el litigio contra Argentina cuando su estado decidió congelar las tarifas de los servicios públicos; el litigio contra Egipto cuando introdujo el salario mínimo; el litigio contra Canadá cuando aprobó la moratoria de fracking del gas, etc.

Y es al repasar la lista de litigios cuando nos damos cuenta que se trata de ataques a derechos, los cuales, los representantes de la UE están repitiendo hasta la saciedad que son intocables y que quedan fuera de la negociación del TTIP. Es decir, que los derechos laborales, los servicios públicos, las leyes medioambientales, de seguridad alimentaria o de protección a los consumidores, tanto si se incluyen en las negociaciones del TTIP como si no, pueden ser modificados por instrumentos contemplados en el Tratado, tales como los sistemas alternativos de arbitraje o los consejos regulatorios.

En definitiva, el capitalismo financiero parece haberse propuesto colonizar la legislación, no en vano percibe los derechos de la ciudadanía y los procesos democráticos como barreras a sus ansias por concentrar más y más riqueza. Pero, ¿y los estados de la UE?, ¿entenderán que desregular el orden legal puede llevar a desarticular la propia democracia?

 

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