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¿Nos interesa el pacto educativo?

 

Parece ser que la mayoría de la opinión pública es partidaria de él, sin embargo desde la perspectiva de las capas populares deberíamos reflexionar sobre varios aspectos, entre ellos la situación política en que se produce. Tras la vergonzosa abstención socialista y la euforia popular, a ambas fuerzas les vendría muy bien. Al PP le facilitaría salir del embrollo de las reválidas, con toda la comunidad educativa en contra, y sacarlo de la agenda. Le daría el barniz de consenso que ahora venden, marear la perdiz durante un tiempo, tarea en la que son expertos, y, con la excusa del posible pacto, amortiguar las protestas contra la  LOMCE. Al PSOE la simple apertura de negociaciones del pacto por la educación le permitiría sacar pecho y justificar  que “desde la oposición se puede llevar a cabo su programa”.

Para nadie es un secreto que el PP negocia sólo cuando lo necesita y lo considera rentable. La LOMCE, llevada a cabo por el ministro peor valorado del gobierno, no atendió sugerencias ni de partidos ni de la comunidad educativa. Idéntica actitud mantuvieron los gobiernos populares en las comunidades donde gobernaban, como en la Comunidad Valenciana, donde se dio un trato preferentísimo a la enseñanza concertada, se produjeron estafas en su gestión como los sobrecostes del 1.000 millones de euros de la empresa Ciegsa, o el sainete protagonizado por el conseller Alejandro Font de Mora que obligó a impartir la Educación para la ciudadanía en inglés. En la misma línea se inscribe  la negativa en 2.010 al pacto educativo propuesto por el entonces ministro Angel Gabilondo, en unos términos perfectamente asumibles, ya que según confesión del propio ministro se habían aparcado los temas de carácter ideológico, como el carácter laico o religioso de la enseñanza y se había garantizado la coexistencia de la enseñanza pública y concertada.

Sea o no sea pura propaganda el volver a considerar el pacto educativo, las fuerzas de izquierda, los sindicatos, las mareas, la comunidad educativa en general y todos aquellos que entendamos que la educación es un punto básico, no sólo para la “empleabilidad” sino para el cuestionamiento del sistema neocapitalista, debemos aprovechar esta circunstancia para exponer nuestras convicciones.

Previo a cualquier apertura de negociaciones y como prueba de “buena voluntad”, el gobierno de Rajoy ha de comprometerse no sólo a revertir los recortes en el ámbito educativo efectuados en la anterior legislatura sino que las nuevas medidas exigidas por Bruselas de reducir 5.500 millones de euros no van a afectar de ninguna manera a la educación. Sin un compromiso firme en este sentido, la parafernalia del pacto no pasará de meros fuegos de artificio.

Exponemos una serie de propuestas que deberíamos tener en cuenta:

1.- Es necesario poner fin a la ofensiva contra la escuela pública y revisar algunas medidas que la han dañado. Los distintos gobiernos populares se han dedicado a priorizar la enseñanza concertada en detrimento de la pública con las más variopintas leyes y reglamentos y tolerando que la escuela pública concentrara el 84% del alumnado extranjero o con necesidades especiales y que la concertada incumpliera la legislación alegando que no disponía de recursos. Y para más inri, con los recortes suprimió los profesores de apoyo sin importarle que ello repercutiera negativamente en algo que les preocupa especialmente,  la “calidad de la enseñanza”. Habría que explicar en todos los medios de comunicación que la masiva presencia de la concertada en España es un hecho insólito en los países de nuestro entorno. Somos el segundo país de Europa con más alumnado en estos centros, 22 puntos por encima de la media y con una tendencia creciente ya que en los años de la crisis la enseñanza concertada y privada ha crecido un 11%.

Urge redimensionar la escuela pública. Salir al paso de un estado de opinión tremendamente negativo entre las capas medias, incluidas las progresistas, que prefieren la escuela concertada huyendo de la sobrecarga de alumnado emigrante o de capas desfavorecidas y compartiendo el mito, nunca demostrado, que la educación impartida en estos centros es superior. Con esta preferencia, estos sectores sociales están tirando piedras a su propio tejado puesto que cada vez tendrán que pagar más servicios educativos. Se está consolidando la tendencia de ofertar cada vez más espacios relacionados con la educación al margen de las programaciones oficiales, e incluso algunas instituciones privadas pretenden crear sus propias titulaciones al margen de los ministerios públicos, todo ello por supuesto de pago. Sería interesante hacer una relación exhaustiva de las ofertas existentes en nuestro país: escuelas deportivas, casi todas de futbol, colonias escolares de todo tipo, centros de refuerzo….. con unos métodos didácticos alejados de lo que nuestras leyes educativas proclaman.

La defensa de la escuela pública desde la izquierda se ha hecho desde una perspectiva timorata. Siempre se ha argumentado su necesidad desde el derecho a la educación para todos que sólo la escuela pública garantiza pero se ha obviado su condición de pilar básico como forjadora de la ciudadanía,  ya que en ella conviven distintos grupos sociales con un abanico de personas de orígenes diversos y distintas convicciones en un espacio social y educativo abierto a la libre expresión del alumnado y profesorado. Es una de las pocas garantías  de cuestionar que la democracia responda a los intereses de solo unos pocos. Nuestro profesorado, por el contrario, sí que ha comprendido el auténtico alcance de la escuela pública con su apoyo y participación en la mareas, para ejemplo de otros sectores y para sorpresa de la opinión pública con la defensa apasionada que han hecho de esta escuela.

2.- Discusión pública y abierta de los objetivos de la educación. Hay que denunciar que las leyes educativas responden a una concepción tecnocrática y utilitaria al servicio de las necesidades del neocapitalismo y la globalización. Aprovechando el malestar social que provoca el paro estructural en la UE, centrado fundamentalmente en la juventud, quieren subordinar la educación únicamente a la empleabilidad. Una concepción marcada por la propia UE que en la cumbre de Lisboa del año 2.000 acordó la creación del espacio europeo de educación que suponía poner la educación al servicio de la producción y el mercado. Desarrollos posteriores ahondaron más proponiendo que el conocimiento escolar debía ser más flexible, llegando a afirmar algún comisario que proporcionar saberes y conocimientos no directamente aplicables es algo antiguo. La propia LOMCE plantea como objetivo “mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes”. Como consecuencia de estas orientaciones han ido suprimiéndose o reducidas a la inoperancia las asignaturas humanísticas y artísticas.

Esta concepción, aparte de obviar la Declaración de los Derechos Humanos que señalaba “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y las libertades fundamentales….”, no contribuirá a formar personas críticas y con capacidad de alumbrar nuevas ideas  sino que producirá generaciones de “máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos” (Martha Nussban).

Como han señalado distintos autores, para la innovación, el gran mantra del neocapitalismo, hace falta contar con una mente flexible, abierta y creativa, capacidades estas que se inculcan mediante las humanidades y las artes. “En repetidas ocasiones las empresas eligen contratar a personas que tienen una formación de grado humanístico antes que a las que cuentan con una formación profesional más estricta, precisamente porque consideran que las primeras poseen la flexibilidad y la creatividad necesarias para prosperar en el ámbito empresarial” (Martha Nussban). Y en cuanto a la aplicabilidad inmediata cabe citar que los informes de Einstein en 1.925 no versaban sobre la teoría de la relatividad sino que discutían otros problemas. Como muchas otras investigaciones que en principio parecían desprovistas de significación práctica y han contribuido a aplicaciones revolucionarias.

No se trata de que la educación no responda a las nuevas realidades laborales de la globalización y sus cambiantes nichos de empleo, sino que para hacerlo no lo haga sacrificando la concepción global de la persona ni desalentando su sentido crítico imprescindible tanto para el funcionamiento  democrático de nuestra sociedad como para nuestro propio desarrollo económico. Esta concepción miope y cortoplacista de los objetivos de la enseñanza afectaría fundamentalmente a las clases medias y trabajadoras pues los hijos de las élites acuden a instituciones educativas donde no se desprecian ni las humanidades ni una formación global.

3.-No debe ser un acuerdo apresurado ni exclusivo de los grupos parlamentarios. Como la educación es un asunto importante para toda la sociedad, ésta debe implicarse a fondo en un debate amplio, pero en el que la participación de los profesores y profesoras es crucial. Fruto de los vaivenes de las sucesivas reformas educativas, un desánimo generalizado respecto a las cuestiones didácticas y pedagógicas se ha apoderado de bastantes de ellos. Los motivos son complejos. Ninguneados en las reformas, agobiados por una burocratización de las tareas docentes, abandonados en  los drásticos cambios que se han producido en el alumnado. Frente a esto, los sucesivos ministerios no han analizado en profundidad la nueva situación y las alternativas que habrían de adoptarse. Se han limitado a respuestas estereotipadas, como la deificación del inglés, sin adecuar las estructuras educativas al aprendizaje de idiomas tan necesario en el mundo actual; y en el papanatismo con el que se han introducido los ordenadores y las tablets (en los centros que han tenido esa suerte), sin readaptar los programas ni los proyectos educativos.

Volver a ilusionar al profesorado de la trascendencia de su labor quizá sea costoso pero no inviable. Ya existen grupos trabajando, por ejemplo el Foro Educativo de Sevilla que elaboró un manifiesto cuyos 20 puntos suscribimos. Y ha habido siempre una preocupación pedagógica en nuestro país. Nuestros enseñantes fueron una vanguardia en la lucha contra el franquismo y unieron a sus reivindicaciones  democráticas alternativas docentes que darían lugar a los Movimientos de Renovación Pedagógica, tan importantes en nuestra transición. Ellos no hacían más que seguir la efervescencia educativa que se produjo  en tiempos de la Segunda República que realizó la más importante reforma en la enseñanza en nuestro país.

No  están en esta línea ni la propuesta de José Antonio de la Marina en su Libro Blanco sobre la función docente, elaborado en 2.015 por encargo del Ministerio para cambiar el proceso de selección del profesorado ni la idea del PSOE de un MIR docente, semejante al que prepara a los médicos. De alguna manera se pone principalmente el acento en el profesorado al que se le atribuiría una cierta responsabilidad en el “fracaso escolar”, el “abandono educativo” o las malas notas de PISA. ¿Y las leyes de educación? ¿Y la gestión de las administraciones? ¿Y la insuficiente financiación agravada por los recortes? Hay que ser consciente de que todo cambio debe afectar al conjunto del sistema educativo y sobre todo responder a una pregunta: ¿Qué enseñanza queremos y qué tipo de profesorado debe impartir esa enseñanza?

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